Los diputados de la Asamblea Legislativa tendrán que prestar mucha atención al proyecto de ley del presupuesto nacional sometido a su consideración por el Ministerio de Hacienda. Deberán determinar, en particular, si, con base en lo que de él se deduce, se logran en realidad financiar razonablemente las necesidades sociales, o, por el contrario, se necesitan nuevos ingresos tributarios, tal como pretende el Gobierno de la República. También deberán examinar con detenimiento si se han hecho todos los esfuerzos que corresponden tanto para incrementar la recaudación de los impuestos existentes como para rebajar los gastos superfluos o innecesarios.
En sus cifras globales, el proyecto de presupuesto de gastos aparenta ser austero. Contempla un crecimiento total nominal de solamente un 6,5% (comparado con el del 2006) y, en términos reales (descontando la inflación), más bien decrece un 3,5%. Pero esa disminución se debe exclusivamente al traslado de una parte importante de los vencimientos de la deuda pública a ejercicios posteriores, según declaró el propio ministro de Hacienda. Si se analizan las cifras reales de incremento en el gasto del resto de los ministerios, excluyendo el servicio de la deuda, se encontrará que, en vez de una contracción, hay más bien una expansión de las erogaciones en términos reales aproximadamente de un 15%. Y eso podría en realidad afectar negativamente los resultados fiscales de ejercicios posteriores, cuando no se puedan extender los vencimientos de las obligaciones ni se puedan elaborar nuevos ejercicios de contabilidad creativa, como ocurre ahora.
El proyecto de presupuesto satisface demandas sociales. En los ministerios denominados prioritarios (Seguridad, Justicia, Educación, Transportes y Trabajo y Seguridad Social) el incremento total en los gastos e inversiones ronda el 32%, monto muy superior al índice de inflación esperada, de solamente el 10%. Se contemplan, en total, 5.000 plazas nuevas para cubrir necesidades insatisfechas. En Seguridad aumenta el presupuesto en un 35,5% y se incluyen 800 servidores nuevos para reforzar la vigilancia. En Justicia el incremento presupuestario es del 25%, dentro de lo que se incluyen nuevos centros penitenciarios para aliviar la sobrepoblación penal actual. Al Ministerio de Transportes se le otorga uno de los mayores incrementos (56%) para emprender o continuar el mejoramiento de la red vial, dentro del compromiso de girar al Conavi y a las municipalidades los porcentajes que por ley les corresponden para el cumplimiento de sus deberes. El Ministerio de Educación es el que reclama la mayoría de los recursos (676.659 millones de colones), con un incremento del 26% anual y un número de 3.000 plazas nuevas para mejorar la enseñanza. Y al Ministerio de Trabajo le otorgaron un generoso aumento presupuestario, del 108%, para combatir la pobreza y financiar otros planes de interés social.
Como se puede apreciar, el presupuesto de gastos para el 2007 es suficientemente holgado para financiar razonablemente las necesidades. Contempla un incremento nominal del 25% para todos los ministerios, lo que implica una expansión real del 15%. ¿Por qué, entonces, se podrá mantener un déficit financiero en un 2,3% del PIB, porcentaje muy similar al de este año? La respuesta hay que buscarla en el fuerte incremento esperado en los ingresos tributarios, de un 26% en relación con los presupuestados un año atrás, según se desprende de la exposición de motivos elaborada por el Ministerio de Hacienda. El crecimiento de los impuestos se debe, en parte, al mayor crecimiento del producto interno bruto (PIB) y a los esfuerzos por mejorar la recaudación. La carga tributaria subirá del 13% al 14% del PIB en el 2007, de acuerdo con la Contraloría General de la República (excluyendo las cargas sociales). Y, según el Banco Central, la situación fiscal contemplada será sana y le permitirá al Gobierno financiar holgadamente su déficit sin presionar indebidamente las tasas de interés ni aumentar el desequilibrio macroeconómico. Y, si de verdad se intensificaran los esfuerzos por disminuir la evasión y elusión tributarias –agregamos nosotros– y se pudiera emprender la tantas veces pospuesta reforma del Estado, habría suficientes recursos sanos hasta para financiar las pérdidas del Banco Central. ¿Será necesario, entonces, aprobar nuevos impuestos?
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