El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó, el 5 de mayo pasado, el informe sobre La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, cuyo fin es fortalecer la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano. A este informe seguirán otros cuatro productos complementarios. Este conjunto constituye, por su acerbo estadístico y analítico, así como por sus esclarecedores aportes conceptuales y sus propuestas de solución, una de las mejores contribuciones sobre la democracia en nuestros países. Los centros de estudio y los dirigentes de los diversos sectores deben abrevar en este documento.
En cuanto a Costa Rica, el índice de apoyo popular a la democracia es el más alto en América Latina: 7,31 puntos, superior considerablemente a sus inmediatos seguidores, Venezuela, con 4,32 puntos, y Uruguay, con 4,30 puntos. El promedio de la región es de 2,3 puntos. Por otra parte, pese a que la democracia se ha asentado en América Latina por más de dos décadas, el 50 por ciento de los entrevistados, de acuerdo con este informe, prefiere un gobierno autoritario, siempre que pueda resolver los problemas económicos y sociales. Esto es, buena parte de los latinoamericanos, principalmente carentes de educación, con escasas expectativas de movilidad social y desconfianza de las instituciones públicas, antepone el desarrollo a la democracia. Estos datos nos permiten extraer, en cuanto a nuestro país, tres conclusiones: en primer lugar, la confianza del pueblo costarricense en la democracia entraña un homenaje a nuestros antepasados, quienes supieron armonizar la cultura política y democrática con logros económicos y sociales, con frecuencia en un entorno nacional e internacional precario. En este esfuerzo sobresalieron la educación y la salud. Así pues, no debemos perder de vista esta lección y este compromiso.
En segundo lugar, la desafección hacia la democracia por un proceso de ineficacia y por la desconfianza en las instituciones públicas o en los partidos políticos constituye una amenaza permanente. En este capítulo nuestro país abrió una brecha peligrosa, desde las elecciones de 1998: si la democracia, como dice el director ejecutivo del informe, Dante Caputo, se hace con la política, también, agregamos, puede debilitarse o diluirse con la política. Las llamadas de atención que, en este sentido, se han formulado, documentadas en dos elecciones sucesivas, en numerosos análisis y encuestas, plantean una cuestión crucial. En tercer lugar, este clamor nacional no debe desoírse y las soluciones respectivas no deben retrasarse por más tiempo. Este informe nos ofrece los elementos de una agenda de cambio, coincidente con la enunciada reiteradamente en nuestro país: revalorizar el contenido y relevancia de la política, llevar a cabo las ansiadas reformas electorales, “que aseguren un mejor balance entre gobernabilidad y representación”, fortalecimiento de la eficacia, la transparencia y la responsabilidad, y reforma del Estado, condición necesaria para una democracia sostenible y al servicio de los ciudadanos.
Al cumplirse los dos primeros años de labores del actual gobierno y de la Asamblea Legislativa, se impone un análisis concienzudo y, sobre todo, una toma de posición firme de parte del Poder Ejecutivo, de los diputados y de los partidos políticos. Lo que importa hoy no es el activismo electoral, sino el afianzamiento de nuestra democracia, de la democracia de ciudadanía, que propone el informe, mediante las respectivas reformas políticas y electorales. El reciente ensayo del Dr. Constantino Urcuyo sobre “reforma política y gobernabilidad” traza un lúcido marco de reflexión y de acción que, en modo alguno, debe desatenderse. Nuestro déficit es la voluntad política. No debe retrasarse por más tiempo.
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