El problema de la vivienda ha ocupado buena parte de nuestras informaciones e investigaciones por su importancia y por las múltiples irregularidades cometidas en este campo. Estas anomalías se derivaron principalmente de una deficiente administración, del clientelismo político, con abusos escandalosos; del favoritismo, de la ausencia de normas concretas y claras en cuanto a la competencia de las empresas constructoras, de la falta de supervisión o control en cuanto a la calidad de las obras, en la concentración de los bonos de vivienda y, en general, en la ausencia de políticas orientadoras en el orden técnico, administrativo y financiero.
En diversos editoriales hemos señalado, asimismo, quiénes cumplieron con su deber –en forma aislada, pues carecieron de apoyo superior– y quiénes dejaron hacer y dejaron pasar. Complace, por ello, tomar nota del “golpe de timón” que el gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda(Banhvi), Ennio Rodríguez, le ha dado al sistema de vivienda popular, según se desprende de la entrevista, publicada ayer, del periodista Rónald Matute, editor de La Nación. Este golpe de timón comprende los aspectos básicos de una política coherente, integral y eficaz en el campo de la vivienda popular que, precisamente por su eminente naturaleza social, debe administrarse conforme a los más elevados y depurados parámetros técnicos, administrativos y financieros.
Hacemos hincapié en esta dimensión social por cuanto, tal como nos lo demuestran la experiencia y numerosas informaciones sobre el particular, el país ha soportado, por años, la dolorosa paradoja de que los problemas o demandas sociales fundamentales se atienden a la buena de Dios. Esta fractura entre la vehemencia de la retórica social o de las buenas intenciones, por un lado, y la aplicación de los mejores criterios técnicos o administrativos, por el otro, le ha causado al país y, concretamente, a los sectores más necesitados grandes perjuicios. El control político legislativo o de los partidos políticos en este campo tampoco ha guardado relación alguna con sus públicas “angustias” y sus proclamas sociales.
Desde este punto de vista, las rectificaciones propuestas por el Ban-hvi señalan un camino: coordinación entre la junta directiva, la gerencia y los jerarcas del ministerio respectivo; transparencia y observancia de las normas legales, atención a las prioridades de vivienda, en particular, la erradicación de tugurios; aplicación –por fin– del sano principio de la competencia, lo que genera innovación, eficiencia y respeto, y control de calidad, cuya ausencia en años pasados conspiró contra los derechos e intereses de los sectores más pobres. La transparencia, el orden y la eficiencia suscitarán confianza y allanarán el camino para emprender proyectos más amplios y ofertas más accesibles a la capacidad económica de la gente.
El golpe de timón en el sector social debe ser el santo y seña de la actual administración. La ineficiencia estatal en este campo tan sensible para el desarrollo del país y para el propio sistema democrático ha llegado a límites insospechados. Es preciso crear conciencia en el país sobre la magnitud del problema, lo que solo se logrará mediante el conocimiento cabal de la realidad y las rectificaciones pertinentes. El punto de partida de este cambio de rumbo se encuentra en la capacidad profesional de los funcionarios, en la determinación de enfrentar los hechos y de proceder en consecuencia, y en el respaldo político del Gobierno. Que así sea.
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