EscucharMax Loría, el viceministro de la Paz (sí, en Costa Rica parece que necesitamos un jerarca con ese título), ha lanzado una campaña contra la posesión legal de armas de fuego por parte de la ciudadanía. En diversos medios el funcionario ha responsabilizado a las armas debidamente inscritas por el grueso de la delincuencia en el país. Y para demostrarlo ha recurrido a estadísticas que, sin embargo, generan dudas sobre el rigor intelectual del viceministro.
El 9 de agosto, La Nación publicó una nota titulada “ El 55% de las armas utilizadas en delitos tienen papeles en regla ”. La estadística, señala la noticia, provenía de un informe publicado por el viceministerio de la Paz. Además, la nota añade que el estudio encontró que “el 77% de los homicidios son cometidos con armas de fuego debidamente matriculadas”. Estas cifras serían contundentes si tan solo fueran ciertas.
Estadísticas falsas. El informe de marras, Armas de fuego y violencia en Costa Rica , se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Justicia y Paz. Basta una rápida lectura para darse cuenta de que en ninguna de las 26 páginas del documento aparecen las estadísticas que publicó La Nación. ¿De dónde salieron entonces?
Peor aún, los números de Max Loría cambian todas las semanas. En declaraciones que fueron publicadas recientemente en Semanario Universidad, el viceministro afirmó que “ En el país hay más de 200.000 armas de fuego inscritas y sabemos que un 63% de los crímenes que se cometen son con ese tipo de armas” . Esta vez el viceministro de la Paz no señaló la fuente de su estadística, pero parece venir del informe antes indicado, el cual encontró que en el 2009 el 64% de los homicidios ocurridos en Costa Rica se cometieron con armas de fuego. Sin embargo, el estudio no especifica cuántos asesinatos ocurrieron con armas debidamente inscritas y cuántos con armas ilegales.
De tal forma, el viceministro Loría se tomó una tremenda licencia literaria al achacar el 100% de los homicidios del 2009 a armas con los papeles en regla.
Basta dar un breve vistazo a las estadísticas de homicidios de ese año para darse cuenta de lo absurdo del cargo. Según datos del Poder Judicial, 33 asesinatos se debieron a problemas de droga. ¿Todos los narcotraficantes asesinan con armas debidamente inscritas? De igual forma, 10 homicidios fueron por presunción de sicariato. ¿Los sicarios registran sus AK-47 ante las autoridades? También queda la duda de si los 91 asesinatos por robo que se cometieron ese año fueron realizados en su totalidad con armas legales.
Finalmente, la estadística incluye 21 homicidios por legítima defensa, los cuales muy probablemente ocurrieron con armas en regla, pero, como el nombre lo dice, fueron usos legítimos de estas.
Es válido que en Costa Rica tengamos un debate sobre el control de armas y que recurramos a estadísticas para sustentar nuestras posiciones.
Abundante evidencia internacional sugiere que la fijación que muestran las autoridades por atacar la posesión legal de armas podría ser contraproducente. Lo único que logran estas leyes es desarmar a aquellas personas que cumplen la ley. Los criminales, por definición, ignorarán los controles y continuarán armados. Peor aún, se verán beneficiados ya que sus potenciales víctimas serán incapaces de defenderse.
En todo caso, este es un debate que podemos tener en cualquier momento. Pero resulta inaceptable que las autoridades traten de alcanzar objetivos de política pública, como buscar prohibir o restringir severamente la tenencia legal de armas de fuego, inventando y manipulando estadísticas. Por eso insto al viceministro Loría a que nos diga de dónde está sacando estas cifras sobre crimen y armas legales. O, en su defecto, que explique por qué está desinformando a los costarricenses en un tema tan importante como la seguridad ciudadana.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas en el Cato Institute (www.elcato.org). Twitter: @jchidalgo
