EscucharResulta bastante preocupante observar, en la actual coyuntura política y económica, cómo algunos actores sociales hacen un llamado vehemente a la desobediencia civil, al irrespeto a la democracia representativa y a la sedición en general.
Los responsables de este llamado son los representantes de una élite sindical famosa por su lucha incansable por proteger sus privilegios sectoriales, contenidos en convenciones colectivas, normas y reglamentos que no son más que una bofetada en el rostro del resto de la fuerza trabajadora, de las personas que viven bajo la línea de pobreza, de los sectores económicamente menos favorecidos y, desde luego, de todos los costarricenses que, por medio de nuestro esfuerzo, pagamos sus “incentivos” salariales y sus indecentes beneficios.
Burla. Con la excusa de luchar por el bienestar de las instituciones públicas y de oponerse a las políticas “neoliberales” y al “irrespeto” de la soberanía nacional, han sabido burlar a base de argumentos demagogos, irresponsables y carentes de contenido lógico o técnico a una parte de la población costarricense que, por ignorancia o por falta de información, inocentemente cree en la justicia de estas luchas.
Se niegan a ceder sus escandalosos privilegios en favor de las clases sociales a las que supuestamente representan; se oponen al diálogo con el Gobierno por carecer de razones fundamentadas para oponerse a todo; carecen de alternativas lógicas y acordes con la realidad política, económica y social del país sobre los proyectos a los que se oponen; rehúyen la idea de darse cuenta de que con fundamentalismos izquierdistas pasados de moda difícilmente podremos salir del subdesarrollo y competir en un mundo que cada día estrecha más los lazos entre las naciones en una era de libre flujo de información y capitales.
Atropello. Pero lo más lamentable de todo es el atropello irresponsable a la historia política y social de un país que ha sido ejemplo en el mundo por su capacidad de diálogo y negociación, por la solución pacífica de los conflictos desde la abolición del ejército en 1949 y por contar con un aparato de instituciones democráticas que permiten la canalización de las demandas sociales sin necesidad de recurrir a la violencia callejera, al impedimento del libre tránsito de los ciudadanos, al irrespeto de la voluntad popular expresada en las urnas y al proceso de toma de decisiones que hemos delegado en nuestros representantes ante la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República.
Las elecciones nacionales son un juego de suma cero; el pueblo decidió quiénes son sus legítimos representantes y, por tanto, quiénes no lo son.
No se puede paralizar un país porque a un grupo minoritario se le ocurra arrogarse la representación del pueblo y la definición de la agenda nacional.
