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Sufrimos graves falencias en educación, seguridad, salud, vivienda, representación política y rendición de cuentas, para solo citar las más obvias.
Todas ellas son el resultado de una larga acumulación de errores políticos, vicios administrativos, estructuras gubernamentales obsoletas, controles innecesarios, tramitología asfixiante y hasta prácticas corruptas. Por eso hay que distinguir entre los que fueron responsables de ocasionarlas y los que están tratando de superarlas.
A veces los reclamos se dirigen injustamente contra los funcionarios que tienen la valentía de reconocer las fallas de sus instituciones y están luchando por corregirlas: claro que faltan policías en las calles, que la delincuencia está bien armada y se ha profesionalizado a un grado jamás visto; obviamente hacen falta casas y muchas de las construidas tienen graves deficiencias; no se puede negar que en el IMAS se cometieron errores y faltas, incluso con olor de corrupción, que ahora se corrigen con un espíritu de reforma que no hubo con anterioridad; es evidente la pesada burocracia en educación, las distorsiones en el manejo de su presupuesto, la carencia en muchas escuelas y las ineficiencias detectadas en materia de salud. Pero todo esto no es de hoy y no puede estar corregido para mañana.
Fácil es fingir que todo anda bien y seguir como hasta ahora. Ya vimos lo del ICE. Pero la verdad es que hay graves problemas y apenas se empieza a afrontarlos. No es posible un acto mágico que borre, de un día para otro, décadas de vicios y malas prácticas que contaron con la complicidad y el silencio, si no de todos, al menos de una gran mayoría de políticos y ciudadanos que mantuvieron el poder en las mismas manos de siempre.
Por eso deben valorarse bien los diagnósticos y precisar el origen de los males, no para dar reconocimientos electorales, sino para comprender bien lo que se hace y ganar el apoyo necesario para su éxito.
Todo este deterioro es parte de la herencia nefasta de políticos que se creyeron impunes y dueños del poder y que hicieron del reparto la norma y de los negociados oscuros el hábito. Por eso contra ellos hay que dirigir el reclamo, no contra los que buscan mejoras, aunque siempre haya que vigilar, criticar o apoyar sus acciones, según el caso.
Este destape de iniquidades políticas y administrativas no solo debe corregirse, sino que debe servir a la ciudadanía para darse cuenta de que, sin su participación organizada y vigilante, el poder de la democracia puede delegarse mal y hasta llegar a funcionar en su contra.
