La resistencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, y de algunos legisladores del PLN a investigar un supuesto caso de acoso sexual contra una funcionaria, desilusiona.
Lo menos que se esperaba de ellos, como partido y diputados oficialistas, es una actitud de puertas cerradas a averiguar si es o no cierto que un legislador hostigó a una subalterna.
La reacción liberacionista, tal como está, no es congruente con el mensaje de campaña, donde ofrecieron a los electores transparencia y llegar hasta las últimas consecuencias en casos de corrupción.
El acoso sexual, precisamente, es otra forma de corrupción. Es inducir a la corrupción sexual a un subalterno, es amenazarlo a cambio de un favor sexual, es aplastarlo, arrebatarle su dignidad de ser humano.
En Costa Rica, aunque existe la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, es ineficaz y más bien favorece la impunidad.
Con esta legislación, la víctima está en desventaja ante el victimario, y pasa lo que pasa ahora: la funcionaria acosada tiene miedo a denunciar, miedo a que quedar sin un salario para mantener o ayudar en su hogar, miedo a ser expuesta ante los compañeros –y en el caso de ahora, por la prominencia del sujeto, ante el país– y miedo a una posible venganza del acosador.
La desventaja en que se encuentra la persona acosada la obliga ya sea a admitir y convivir con el acoso, o a callar y pactar una reubicación en otro departamento y con otro jefe, o a renunciar con alguna ventaja o desventaja económica.
La impunidad, entonces, favorece a los acosadores porque la ley se queda corta ante los manejos de poder que estos logren imponer.
Es cierto que en medio de esta polémica no es el momento, pero si algo deben hacer pronto los diputados es revisar la ley y ajustarla para cerrar sus deficiencias. La primera es la benevolencia con que trata al acosador, que se expone a penas de poca monta como la amonestación escrita, suspensión y despido, todo según el criterio del juez.
La protección al denunciante es mínima y eso quizás explica por qué las denuncias y condenas por acoso son mínimas.
Si por la víspera se saca el día, los diputados del PLN serán los más reticentes a cambios en la legislación. ¿Será que están acosados por los hechos?