Es alarmante lo que, hasta la saciedad, ha informado la prensa sobre el abuso que se ha dado desde hace muchos años al amparo de una institución creada y pensada para beneficiar a los “sin tierra”: pequeños campesinos que no tienen donde cultivar. Se pretendía ayudarlos, por su vocación de labriegos, a vivir mejor, trabajando en tierras con potencial agrícola y ganadero.
Pero, sucedió lo que muchos temíamos: terminaron en manos de los “zopilotes”, gente sin escrúpulos, incluyendo servidores públicos que han visto al Estado como una gran ubre que no quieren soltar.
El llamado ITCO, ahora IDA, entre otros entes afines y con funciones duplicadas o triplicadas, se crearon con fines altruistas y para una nación que lucha a brazo partido por salir de la pobreza, pero a la que ha invadido una plaga de termitas que socava sus bases y hace urgente su inmediata fumigación.
La administración Arias, que recién cumplió con buen acierto 100 días, debe actuar ya, por tratarse, como lo es, de un estado de calamidad pública, interviniendo estas instituciones hasta llegar al fondo del “óleo” de tierras de las que se han apropiado, indebidamente, funcionarios, particulares y personas jurídicas, que han creado toda una cadena de delincuencia de cuello blanco.
Procede, entonces, que el Ministerio Público, de oficio, ante tan abundante información desplegada en la prensa, siente en el banquillo de los acusados a los posibles autores de los tantos delitos que tipifican sus ilícitas conductas.
Debe actuarse, de inmediato, con mano firme, contra quienes cometieron cualquier delito, funcionarios públicos o particulares. Y debe, también, por medio de la Procuraduría General de la República, recuperarse esas mal habidas tierras que son aún, sin duda, del Estado: de todos los costarricenses.
Hacer lo contrario, por parte de las autoridades públicas, sería igualmente ilícito, según la legislación nacional, incluyendo la nueva y casi inaplicada Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública .
Estamos esperanzados que este Gobierno, el Ministerio Público y la Procuraduría General no se queden de brazos cruzados, sin hacer nada sobre este “óleo” de tierras, como ha sucedido hasta el momento, pues ello implicaría incumplir sus deberes legales y, entonces, habría que decir, como dijo una vez, días antes de renunciar como diputada de la fracción oficialista, allá por 1985, doña Niní Chinchilla: “¡Así, hasta yo!”.
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