Desde octubre del año anterior un grupo de especialistas en desarrollo social convocados por el Instituto de Desarrollo Social, INDES, del Banco Interamericano de Desarrollo, ha venido desarrollando argumentos alrededor de una propuesta de reforma de las políticas sociales denominada “universalismo básico”. El planteamiento proviene de constatar que, al menos en la últimas dos décadas, en América Latina se observa que las políticas sociales no han sido capaces de inducir cambios duraderos y de fondo en las condiciones de vida de la población. Se advierte que, en términos generales, las políticas sociales son insuficientes en cobertura y financiamiento; precarias en la calidad de sus prestaciones y más o menos irrelevantes para garantizar seguridad social a la gente.
La idea del universalismo básico pretende señalar la importancia de impulsar objetivos de desarrollo social que son elementales para potenciar posibilidades de progreso material para las personas y, por esa vía, mejorar la competitividad externa de las naciones. La propuesta propone que cada país garantice “…la cobertura universal de riesgos esenciales y el acceso universal a rentas, servicios y productos de calidad homogénea otorgados sobre la base de los principios de ciudadanía.
Principio de selección. Es decir, minimizando el principio de selección de los beneficiarios de los servicios según prueba de recursos y de necesidad que predominan en la región, y buscando que ellos sean concebidos como derechos a la vez que generando deberes”. (Fernando Filgueira et ál. Universalismo Básico: Una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida en América Latina. 2005) Por ejemplo, en muchos países de la región completar la enseñanza primaria en las zonas rurales es un desafío de universalismo básico que para Costa Rica se sitúa en la enseñanza secundaria. Se trata de una idea en discusión, de un debate en marcha del cual pueden extraerse algunas reflexiones aún preliminares.
¿En qué se diferencia la idea de universalismo básico de las versiones previas y actualmente en curso de la política social? De manera muy sintética las políticas sociales de América Latina pueden distinguirse en tres tipos que son a su vez momentos: el primero de una aspiración universalista alcanzada apenas en unos cuantos países y en los demás truncada por un desempeño socialmente segmentado sustentado en relaciones salariales y centrado en la prestación estatal; el segundo un régimen hibrido que mantiene preferencias a favor de ciertos grupos asalariados pero que ofrece condiciones para la creación de mercados en las distintas prestaciones sociales (desde la salud, hasta la vivienda social y las pensiones) y finalmente una orientación minimalista donde la forma más dinámica de las políticas sociales se concentra en la atención de la población definida como pobre.
En relación con el primer modelo, el universalismo truncado o segmentado, el universalismo básico pretende actuar sobre los efectos excluyentes de la segmentación de los beneficios a favor de ciertos grupos gremiales o asalariados, actitud importante cuando buena parte de los ingresos derivados del trabajo no se originan en relaciones salariales. Además, las prestaciones derivadas de una estrategia de universalismo básico han de considerar las limitaciones fiscales a fin de propiciar aproximaciones graduales y selectivas a los objetivos universalistas, al tiempo en que se generan condiciones sociales y políticas para aumentar la masa de recursos, especialmente provenientes de impuestos, para el financiamiento regular y sostenible de los programas sociales.
Rol del Estado. Con las prestaciones híbridas cuasimercantiles, el universalismo básico reconoce el rol central del Estado en la afirmación de estrategias de largo plazo y rigurosos sistemas de regulación que garanticen que las prestaciones asignadas a empresas no sacrifiquen calidad y cobertura en beneficio de rentabilidad. Está claro que, dada la concentración de necesidades en situaciones sociales poco atractivas para la operación de empresas, los arreglos institucionales que favorezcan prestaciones privadas en salud, pensiones o incluso educación, tendrán que aportar recursos solidarios a causas universalistas.
En relación con las políticas y estrategias de reducción de pobreza, el universalismo básico parte de la convicción de que en ningún país de la región donde hay logros en la disminución de la pobreza, puedan asociarse al efecto de tales programas de factura más o menos reciente. En los países de la región con niveles relativamente bajos de pobreza, Costa Rica entre ellos, tal logro ha sido producto de prestaciones universales de largo aliento combinadas con modelos de desarrollo económicos intensivos en empleo formal.
Por lo tanto, los programas de combate a la pobreza solo tienen sentido como barreras de contención de procesos de deterioro de la calidad de vida junto con contingencias particulares (baja calificación, desastres, muerte, enfermedad) o derivados de decisiones y orientaciones de la política económica (inflación, devaluación, privatización, etc.) que pueden perjudicar la capacidad relativa de las personas de aprovecharse de las oportunidades que la sociedad les ofrece. Es decir, para garantizar que prestaciones selectivas a los que más necesidad padecen, sean garantía de satisfacción universal de derechos ciudadanos.
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