Tal como lo manifestó el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, el jueves pasado, “la Dirección General de Migración no aplicó, durante dos años y medio (entre 1998 y el 2000) controles para evitar que mucho colombiano abusara de la condición de refugiado”. “Creo que hubo –agregó– una actitud complaciente y sospechosa. Se refería el titular de Seguridad Pública al otorgamiento, en este lapso (30 meses), de 10.000 visas a colombianos, a 11 por día, según lo comentamos en nuestro editorial de ayer.
Abundamos en este exceso por su sinrazón y por su relevancia en el orden legal y en el plano de la seguridad ciudadana. El calificativo de “actitud sospechosa” no es una hipérbole. Es la conclusión razonable por el número de inmigrantes y por las anomalías de todo género ocurridas en los últimos ocho años, cuyo número y gravedad enturbia la capacidad de asombro. En este caso, debe tenerse en cuenta que se trata de refugiados, esto es, de personas que deben demostrar, más allá de toda duda, su condición precaria para otorgarles una visa. Al procederse en forma tan sospechosa, se afecta precisamente la situación de estas personas, las cuales, por sufrir el quebranto de sus derechos, buscan alero en otros países. De este modo, se desprestigia también a nuestro país, modelo en el mundo en la recepción generosa de inmigrantes, asilados, refugiados o perseguidos.
La conducta “sospechosa” debe ser objeto, por lo tanto, de una intensa y profunda investigación a fin de situar las cosas en su lugar, tanto en relación con los inmigrantes colombianos como con los funcionarios de Migración, para que no paguen justos por pecadores. Nos honramos con la presencia en nuestro país de numerosos colombianos en diversas actividades nacionales. Su aporte ha sido valioso para Costa Rica. Tampoco sería justo extender un juicio descalificador contra todos los funcionarios de Migración. La mayoría ha procedido correctamente. La sospecha debe quedar verificada, como expresamos, en una investigación esmerada que ha de extenderse no solo a estas 10.000 visas, sino a muchas otras, durante muchos años, hasta donde sea posible.
Decimos lo anterior por cuanto las denuncias sobre irregularidades con visas y con el trasiego de inmigrantes es de vieja data, solo explicable por el establecimiento de una red delictiva en el seno de Migración y, fuera de sus paredes, en no pocas oficinas de profesionales. Ha sido una red mafiosa que, durante mucho tiempo, estuvo atenazando esta oficina clave, cuyos tentáculos se extendieron a muchos países cercanos y a otros continentes. Ciertas informaciones sobre el sorprendente modus vivendi de algunos (ex)funcionarios de Migración, sin relación alguna con sus salarios, pueden mostrar algunas pistas interesantes. El desmantelamiento, en esta administración, de los poderosos “gavilanes”, señores de aceras, calles y hasta oficinas, puso al descubierto la penetración de la corrupción.
Conviene, entonces, por el bien y la dignidad del país, cortar, de una vez por todas, con todas sus raíces y tentáculos, la red mafiosa que, por muchos ha medrado, a sus anchas, dentro y fuera del país, con visas, pasaportes y tráfico de personas. Es un asunto de la mayor importancia por razones legales y éticas, y por sus vínculos con la seguridad del país, de los ciudadanos y de los bienes, sobre todo si se tiene en cuenta que todo lo referente a la inmigración construye los puentes y senderos más atractivos, en un mundo donde campean el narcotráfico, el lavado de dinero, los sicarios y las familias mafiosas. Será esta una labor tardía, pero necesaria y trascendental.
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