Hace varias semanas ya, el presidente Abel Pacheco promulgó con gran orgullo un capítulo más de Garantías y Derechos Ambientales. La legislación es de carácter muy innovador y parece propia de un país que intenta ubicarse como potencia ecológica y modelo en la comunidad internacional. La imagen es, sin duda, placentera para todos los costarricenses. Si es auténtica y si somos merecedores de ella, sin embargo, son cuestiones aún sin resolver.
Hay muchos casos de violaciones ambientales que perjudican a los costarricenses a diario, pero existe un dilema en particular diferente de todo el resto: la existencia del botadero de La Carpio o, como se le llama oficialmente, Parque de Tecnología Ambiental de La Uruca. Su historia, con varios años de desarrollo ya, se ha caracterizado por un murmullo de artículos, esparcidos comentarios en radio y televisión y una que otra protesta en contra que no han logrado mayor trascendencia.
Silencio permanente. El dilema nace del hecho de que múltiples estudios científicos de la Universidad de Costa Rica y hasta un fallo del Tribunal Centroamericano del Agua han recalcado el peligro que la existencia del botadero en esa zona presenta para las reservas de agua potable de la capital. La incomodidad que todavía existe alrededor del caso en el silencio permanente que el Gobierno costarricense, las autoridades municipales de San José y la empresa canadiense EBI que lo administra han mantenido respecto a estas dudas sobre la operación y seguridad del botadero.
El sitio sigue operando normalmente y ninguna atención seria se le ha dado al potencial riesgo del que se ha alertado. Además, la salud y calidad de vida de los habitantes de La Carpio se ha visto perjudicada directamente debido a la contaminación de lo que debería ser un parque de tecnología ambiental, pero que semeja más a un Río Azul moderno, y en esto también se ha mantenido silencio.
Lejos de la imagen. Existe, debe ser reconocida, la posibilidad de que el Parque de Tecnología Ambiental de La Uruca no sea el peligro que se supone, pero, mientras quepa la duda, su existencia seguirá siendo la prueba de que estamos lejos de la imagen que esas garantías ambientales dan a creer.
Conforme se continúe por el mismo curso de acción, el silencio y la inacción de las autoridades se prestarán para vaciar la Constitución de su relevancia en el diario vivir del costarricense. En una cuestión tan simple como la inhabilidad, o indisposición, para ordenar una investigación profunda y concluyente no puede quedar impresa una falla tan grave como la inhabilidad de nuestro Gobierno por perseguir el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Ahora es el momento en que las nuevas garantías ambientales deben brillar y establecerse como necesarias para el desarrollo del país y no solo como instrumentos de promoción. Consecuentemente, que la Municipalidad de San José, el Ministerio de Ambiente y Tecnología y la compañía EBI respondan, aclaren y justifiquen, con información científica en mano, la inexistencia del riesgo que se supone presenta el botadero en dicho lugar.
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