La rehabilitación de la red vial, la modernización y ejemplar gestión pública del ICE y otras instituciones, la transformación del sistema educativo, la purificación del sistema de vivienda popular, la restauración total del Ministerio de Seguridad Pública son tareas ineludibles y exigencias relevantes. También lo es la simplificación de trámites en la administración pública. Esta labor es tan importante y necesaria como la reforma del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, piedra de toque de la coherencia moral y política de las fracciones, siempre prometida y nunca satisfecha.
Anteayer el Gobierno anunció la grata noticia al país de que acometerá la empresa de la racionalidad y del sentido común para simplificar los trámites en el sector público, concretamente en el campo de la construcción, causa de perjuicios económicos incontables y prueba inequívoca de la extraña forma de gobernar en nuestro país: la evasión de la realidad, de los problemas concretos, por indolencia, por temor a los grupos de presión, por pereza mental o por aprensión ante los proyectos complejos. ¿Por cuánto tiempo los habitantes del país, en todos los estratos sociales o económicos, no han sufrido la tortura de trámites sin fin, sin que se haya decidido poner manos a la obra y eliminarlos de plano? Esto ha ocurrido por décadas. Sin embargo, esta labor tan elemental –y productiva para todos– no se ha llevado a cabo.
Vale la pena, entonces, iniciar y culminar este objetivo de general complacencia. Desde este punto de vista, el anuncio citado, en el campo de la construcción, debe mostrar sus frutos pronto y, además, este esfuerzo debe extenderse a todas las instituciones del Estado. Así, la reunión del martes pasado de empresarios y jerarcas de varias instituciones relacionadas con este sector, a fin de diseñar un plan que elimine las trabas burocráticas o camisas de fuerza contra la iniciativa particular, debe repetirse con otros sectores igualmente afectados. Una de las trabas principales ha sido la Secretaría Técnica Nacional Ambiental(Setena), cuya finalidad es la defensa del ambiente, sin que sea necesario, por ello, exasperar a los ciudadanos o retrasar el progreso, como ha ocurrido. Lo bueno, en la gestión pública, requiere, necesariamente, el acompañamiento de la técnica, de la eficiencia, de la capacidad, del sentido del tiempo.
En cuanto a la eficiencia en el sector público, nos hemos adentrado en el campo de la comicidad. Setena, como se informó ayer, realizará en el 2006 unos 3.500 estudios de impacto ambiental con 40 funcionarios. Dejamos a la imaginación del lector las consecuencias, en todos los órdenes, de esta exorbitante tarea. Por otra parte, para construir un hotel o una urbanización se tarda más de un año en solicitar permisos, lo cual exige 130 visitas a más de 30 instituciones. Esto es, se trata de la elaboración esmerada de un sistema con el propósito de ganar un concurso mundial de incompetencia pública o de sumergir a un país en el subdesarrollo, sin que, por ello, se proteja el ambiente. La experiencia diaria demuestra que nuestra declaración de paz con la naturaleza y el ambiente no ha sido secundada por los hechos.
Se impone una conclusión: ¿por qué, ante esta locura burocrática, se ha tardado tanto tiempo en restaurar la racionalidad en la función pública, en la que hasta la compra de costosos equipos tecnológicos han servido no para aligerar los trámites, en ciertas instituciones, sino para complicarlo todo? Tiene, pues, aquí el Gobierno una mina política para mostrar resultados tangibles en poco tiempo. La eliminación de los trámites irrazonables –y a veces corruptos– y de las inhumanas colas o filas: he aquí un beneficio invaluable para el país.
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