EscucharObligados por los abogados del Banco Nacional y por la información y los titulares de primera página de La Nación , nos vemos en la obligación de aclarar:
En cuanto al Banco Nacional :
El Banco Nacional perdió, en primera y en segunda instancia, el juicio civil contra la empresa Cocesa y don Hernán Guerrero. En estrados se demostró ampliamente que el documento puesto al cobro por $ 2,35 millones no era título ejecutivo.
Los abogados del Banco Nacional dicen en sus declaraciones a La Nación que enviaron sus alegatos finales por medio de un fax, que nunca fue recibido ni registrado formalmente por las autoridades judiciales competentes. ¿Un fax de última hora para defender un juicio de casi ¢1.000 millones? Sobran los argumentos de descargo.
En la realidad, Cocesa garantizó al Banco Nacional la línea de crédito citada por $2,35 millones con un fidecomiso y bienes inmuebles, muebles y certificados de depósito por $3,75 millones: un 60 por ciento de más sobre el monto de la línea de crédito.
Nuestros representados han denunciado por el delito de estafa procesal a abogados y personeros del Banco Nacional. El Banco Nacional no solo recuperó el monto adeudado por Cocesa, sino que en sus recuperaciones se cobró de más cerca de $1,7 millones, o sea ¢627 millones.
La autoridad judicial ha ordenado que un perito matemático de la Corte Suprema de Justicia establezca el monto real de las recuperaciones y el valor de los bienes embargados y ejecutados en el Fideicomiso Banco Nacional-Improsa-Cocesa.
En cuanto a Cocesa:
En julio de 1999 don Hernán Guerrero adquirió la totalidad de las acciones de Cocesa y asumió el compromiso de honrar las deudas adquiridas previamente. La empresa estaba dedicada al negocio de representación y distribución de productos con marcas exclusivas en todo el país.
El volumen probado de ventas mensuales de Cocesa era de unos ¢450 millones; es decir, de ¢5.400 millones anuales. Los activos de la empresa, según registros auditados, eran del orden de $24.350.000, o sea ¢8.966 millones.
Entre julio de 1999 y febrero del 2000 en 7 meses, don Hernán Guerrero y Cocesa realizaron pagos a los distintos bancos por una suma superior a los ¢2.200 millones. Este hecho ha sido fehacientemente demostrado en todas las instancias judiciales. Se adjunta certificación de Contador Público Autorizado con el monto cancelado y el desglose de los montos parciales pagados banco por banco. Las operaciones crediticias a febrero del 2000 estaban al día.
Hasta esta fecha, casi 3 años después de la denuncia ante la Fiscalía Auxiliar de Alajuela, los abogados denunciantes no han aportado pruebas que fundamenten el reclamo "de más de 4.600 millones de colones" a que hace referencia en su información La Nación , por lo que al respecto no se ha materializado ninguna acusación penal. En cuanto a los otros extremos, el Juzgado Penal del Procedimiento Intermedio de Alajuela, en la única causa que ha llegado a esa instancia del proceso, el 30 de noviembre del 2001 dictó "sentencia de sobreseimiento provisional" a favor de don Hernán Guerrero por el supuesto delito de libramiento de cheque sin fondos. Estos son hechos y no especulaciones.
El 14 de febrero del 2000, don Hernán Guerrero, a nombre de Cocesa, firmó un fideicomiso que fue homologado, el mismo día, por acuerdo de algunos bancos, entre ellos Promerica, Interfin, BFA (banco Cuscatlán), BANTEC y BANEX. El Banco Nacional e Improsa estuvieron presentes en la reunión en que se suscribió el acuerdo de los bancos. Los otros bancos a los que Cocesa había cancelado totalmente sus obligaciones con los pagos señalados se dieron por satisfechos y no participaron ni del fideicomiso ni del acuerdo de bancos y no son parte de estos procedimientos.
El texto de dicho fideicomiso y el acuerdo de los bancos es absolutamente claro y establecía una serie de acuerdos de fondo y de procedimiento que son, legalmente, de acatamiento obligatorio para todas las partes y no solo para la empresa Cocesa. Precisamente lo que sucedió a partir del 15 de febrero del 2000, cuando don Hernán Guerrero fue despojado de su empresa Cocesa, la administración del fiduciario que se nombró y las acciones de los abogados y representantes de los bancos involucrados, a los niveles de responsabilidad que corresponde, es ahora objeto de una profunda investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios de San José.
Los procedimientos judiciales y las querellas, interpuestas por nuestros representados, corresponden a los expedientes números 01-200684-305-PE; 01-200869-305-PE; 02-977-647-PE; 02-602-647-PE; 02-1387-647-PE; 02-603-647-PE y el 02-921-647-PE. De nuestra parte, no tenemos absolutamente ningún inconveniente en que esos expedientes se abran al escrutinio de la prensa y la opinión pública. Lo que no creemos, sinceramente, por lo que ahí se establece, es que convenga a los intereses de todas las partes involucradas. Seremos respetuosos de la decisión de nuestras contrapartes.
