¿Es el cemento chino el mayor escándalo de corrupción en la historia del país? Eso es al menos lo que gente afín al PLN quiere hacernos creer. Pero lo cierto es que la trama del cemento chino simplemente ha venido a exponer la manera en que por muchos años se han hecho negocios en Costa Rica. La enorme publicidad que ha recibido este caso –en comparación con otros– radica en que ahora hay una cruenta guerra por el control del aparato estatal, el cual es una fuente infinita de riquezas mediante el tráfico de influencias y la venta de favores.
Por décadas, los cuantiosos recursos y enormes poderes del Estado estuvieron al servicio de un duopolio político (PLN-PUSC) que se las ingenió para repartirse el botín. La ley 4-3 para la asignación de puestos en juntas directivas fue el epítome de este entendimiento, que trascendió los cargos en instituciones autónomas y bancos estatales para incluir el nombramiento de magistrados en el Poder Judicial.
Nunca podremos cuantificar la magnitud de los desfalcos de antaño. Pero sí sabemos que muchas fortunas se concibieron a la sombra de Codesa –la desastrosa aventura empresarial del Estado–, de la manipulación del tipo de cambio, de los mercados cautivos, del acceso preferencial a créditos de la banca estatal, y de subsidios, exenciones y subvenciones a grupos empresariales (¿quién no recuerda los infames CAT, por ejemplo?) Esos eran los años en que los poderes económico y político guardaban una fructífera –pero discreta– relación transaccional.
Pero ese equilibrio se ha roto con la llegada de un nuevo actor (PAC) que ha venido a retar el dominio del otrora duopolio –que por su parte estaba deviniendo en un monopolio–. A pesar de enarbolar un discurso de ética, transparencia y de acabar con las prácticas clientelares del pasado, este nuevo actor rápidamente dejó claro que lo suyo es business as usual. Es así como procedió a tomar el control de las juntas directivas y gerencias de ciertos bancos, a intervenir e intentar capturar sectores –como el cooperativista– que eran comarca ajena y a arrebatar el favor de los múltiples gremios que medran del gasto público y la intervención estatal en la economía.
El caso del cemento chino es una manifestación de esta guerra territorial que están librando los dos carteles por controlar las esferas del poder político. Más que un House of Cards, estamos ante un Game of Thrones tropical.
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