Miles de personas tomaron ayer el Paseo Colón en una nueva edición de la Marcha de la Diversidad. No solo es alentador ver cómo año tras año aumenta la concurrencia a esta actividad, sino también que cada vez participan más personas que, si bien no pertenecen a la comunidad LGTBI, enarbolan como propias sus causas, en particular la de exigir que a sus miembros se les respete su derecho constitucional a un trato igualitario ante la ley.
La visibilidad es un pilar fundamental del movimiento prodiversidad, pues sirve para concientizar a la opinión pública de que los gais, lesbianas, bisexuales y trans no son seres extraños que hay que ver con recelo, sino que son hermanos, primas, amigos, tías y colegas que merecen el mismo respeto que todos los demás.
El país está dando pasos en la dirección correcta: recientemente, la CCSS y el Ministerio de Trabajo aprobaron extender el beneficio de la pensión por viudez a las parejas del mismo sexo. Ya desde hace un par de años la Caja también permite que estas pueden tramitar su seguro de salud mediante el beneficio familiar. Hace poco, una comisión legislativa dictaminó un proyecto que le permitiría a las personas trans solicitar el cambio de género, incluso sin necesidad de una certificación médica.
Pero queda mucho por recorrer y, lamentablemente, nos estamos quedando rezagados en América Latina. Cinco países de la región ya han incorporado el matrimonio igualitario (Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay) y siete han aprobado las uniones civiles. Más de una decena respeta la identidad de género y ha regulado conforme. Esto pone en perspectiva lo modestos que han sido nuestros avances.
Ciertamente no es realista esperar que Costa Rica experimente un cambio de actitudes de la noche a la mañana, más cuando se trata de un tema donde predominan tantos prejuicios. Sin embargo, nuestra legislación no debería esperar a que ocurra este ajuste en las percepciones –por más deseable que sea–. Se trata, pues, de un acto de reconocer los derechos humanos de una minoría que no debe estar sujeta a lo que dicte la opinión pública.
La igualdad avanza por la vía administrativa, pero el cambio más importante tiene que darse en la Sala IV con la interpretación correcta del artículo 33 de la Constitución, que estipula sin ambages que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
Escuchar
