Para el presidente Solís, los intereses de la ciudadanía no son tan importantes como los de los sindicatos. Esa es la impresión que deja la entrevista publicada el jueves en La Nación. Si bien no queda claro si su orden de prioridades se debe al temor que le generan estos grupos o a una genuina empatía ideológica con ellos, el resultado es el mismo: quiere darles un poder de veto sobre cualquier reforma fiscal.
Solís reconoce que existen abusos flagrantes en el sector público, pero deja muy claro que no se pueden tocar sin antes consultarlo con sus beneficiarios. Es más, cuestiona incluso la legitimidad representativa de la Asamblea Legislativa al afirmar que “cincuenta y siete diputados no pueden tomar una decisión del salario único sin hablarlo con los movimientos laborales”. Eso tiene nombre: cogobierno. ¿Por qué no otorgarles una prerrogativa similar a los contribuyentes a la hora de discutir su paquete de impuestos?
Nadie cuestiona que negociar debe ser siempre una opción, y que lo ideal es que estos muy necesarios cambios estructurales al empleo público se adopten en el marco de un acuerdo nacional que incluya a los sindicatos –como hizo Irlanda en los ochenta–. Pero las camarillas sindicales han dejado claro que no tienen interés de negociar. Difícilmente, el presidente pueda mencionar una sola reforma importante que cuente con la venia de estos grupos.
Peor aún, la actitud complaciente del gobierno tiene efectos discernibles en la voluntad de los sindicatos. Sabiendo que tienen en frente a un presidente timorato –o que simpatiza con ellos–, ¿cómo esperar que negocien la reducción de sus privilegios? Más bien el Ejecutivo los ha envalentonado al ceder a sus demandas en las dos últimas huelgas (en las que por cierto se afectaron de manera ilegal servicios esenciales).
El presidente hace referencia a un “contrato social” o “entendimientos sociales” que supuestamente legitiman el estatus privilegiado del empleo público. Esa noción hay que rechazarla de cuajo. Muchas de estas gollerías fueron negociadas a espaldas de la ciudadanía. Además, ahora que se han vuelto insostenibles, el sistema democrático que las creó está en todo su derecho de modificarlas.
Luis Guillermo Solís está en el bolsillo de los sindicatos. Estamos en la paradójica situación de que al menos un bloque de diputados muestra más sentido de responsabilidad que el Ejecutivo. Así difícilmente se logre un acuerdo fiscal mientras él sea presidente.
Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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