Escuchar¿Qué espera el magistrado Fernando Cruz de la Sala Constitucional para recusarse del caso que decidirá el futuro de Uber en el país? Los hechos apuntan a que el letrado incurrió en una seria falta profesional y ética, por lo que debe abstenerse de participar en el trámite de este expediente.
Repasemos lo ocurrido. Hace unas semanas trascendió un audio de WhatsApp donde Rubén Vargas, representante de la Unión de Taxistas Costarricenses, le comenta a sus compañeros que el 22 de diciembre recibió una llamada de Cruz en la que le informó el estado de la sentencia. Vargas, además, advierte que los magistrados que estaban viendo el caso “ya encontraron un hueco” por dónde zafarles “la tabla”. Dicha afirmación da a entender que el dirigente no solo estaba enterado del estado de la sentencia, sino también del contenido de las deliberaciones en el órgano constitucional.
Cruz admitió haber hecho la llamada, pero rechazó haber filtrado información secreta o confidencial. Según él, había adquirido un compromiso con los taxistas de resolver el caso antes de que concluyera el 2016. Al no lograrlo, los llamó para comunicarles la situación. Sin embargo saltan serias dudas: ¿qué hace un magistrado llamando de oficio a una de las partes secundarias del caso? ¿Por qué no tuvo la misma cortesía con las partes principales? ¿Y cómo se enteró Vargas de que los colegas de Cruz supuestamente le estaban “zafando la tabla” a los taxistas?
En ningún área aplica más la máxima que “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo” que en el campo judicial. El principio de que uno debe ser juzgado por un juez imparcial es una garantía constitucional y un derecho humano. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha señalado que, a la hora de determinar la imparcialidad de un juez, “hasta las apariencias podrán tener cierta importancia”.
La “llamada de cortesía” de Cruz a los taxistas da pie para que las partes que sostienen una posición contraria a la de ese gremio tengan una duda razonable sobre la neutralidad del magistrado: él debió actuar por escrito en el expediente como lo exige la ley. Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo ha indicado que la imparcialidad del juez debe ser “latente y palpable a los ojos del ciudadano”. Aquí eso claramente se perdió. Por estas razones, la indiscreción del magistrado Cruz lo descalifica para seguir conociendo este caso.
