EscucharAltos salarios, beneficios exclusivos y pluses crecientes para los empleados públicos. Eso se recoge de una serie de artículos aparecidos en este periódico esta semana. La reacción de muchos ha sido airada, sobre todo a sabiendas de que eso se paga por la vía de más impuestos y de gasolina y electricidad más caras.
Pero siendo un poco más analíticos y no tan viscerales, la verdad es que no puede meterse a todos los funcionarios en la misma canasta. Una gran cantidad de ellos trabajan con una gran mística de “servidor público”, teniendo claro su rol de servir a los demás. Hay otros que trabajan nada más para ganar un salario y llegan a hacer el mínimo esfuerzo requerido para cumplir con lo mandado. Y también existen aquellos que trabajan en el sector público para aprovecharse de su puesto y llevarse a casa algo más que un salario.
La valoración que hagamos de la remuneración que merece cada tipo de trabajador debería ser muy diferente. No debe ponerse al mismo nivel a un médico que salva gran cantidad de vidas, y que por ello devenga un salario millonario pagado por la Caja, que a otro médico que recibe un salario similar de parte de la Caja, pero hace poco trabajo en el hospital público y mucho en su clínica privada.
La aplicación de incentivos ayuda a que haya más trabajadores del primer tipo y menos del último. Se dan incentivos positivos (premios) a los funcionarios que hacen un trabajo sobresaliente, y negativos (castigos) a los que hacen mucho menos de lo esperado.
El problema es que en el sector público costarricense se aplican mal los incentivos. Es prácticamente imposible castigar a un funcionario que tiene un mal desempeño en su trabajo o, incluso, aunque haya cometido una falta grave. Los premios, por otro lado, tienden a generalizarse a todos los funcionarios, sin importar la calidad de su labor. Así, los aumentos salariales anuales por “mérito” se los ganan el 99,9% de los funcionarios; el sobresueldo por dedicación exclusiva se convierte en un “derecho adquirido”, y no en una obligación del funcionario de cumplir con ella; se abusa del pago de extras por disponibilidad, y se otorga en casos no justificados.
Cuando un incentivo se convierte en un privilegio perpetuo, o en una “conquista social”, pierde toda función. Ya no sirve como motivador para tener más trabajadores buenos, y con ello lograr mejores resultados en la labor pública. Eso es lo que está mal en el régimen de empleo público en Costa Rica. Eso es lo que merece una fuerte crítica y una pronta solución.
