El escándalo político es parte de la cultura democrática costarricense desde etapas muy tempranas de su desarrollo. No en vano Ricardo Falcó y Francisco Paco Hernández, en un “diccionario nacional” publicado en 1913, daban la siguiente definición de facineroso: “cualquiera de los candidatos a la Presidencia... si hemos de creer a sus contrarios cuando hablan en las plazas”.
A lo largo del siglo XX y aun en los tres primeros lustros del XXI, el escándalo político acompañó, en mayor o menor medida y con variables grados de resonancia, las campañas electorales.
Durante este período, quienes aspiraban a la presidencia fueron denunciados por ser comunistas o por simpatizar con ellos, por haber colaborado con los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944), Teodoro Picado Michalski (1944-1948) y Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), por su supuesta asociación con el narcotráfico y, sobre todo, por presuntos actos de corrupción o por estar asociados con personas de reputación dudosa, como el célebre Robert L. Vesco.
Todos estos escándalos tuvieron en común que, por su naturaleza predominantemente electoral, focalizaban el interés de los votantes en la competencia entre los aspirantes presidenciales y en el resultado de los comicios.
Cemento. Lo novedoso del actual escándalo asociado con la importación de cemento chino consiste en que, por primera vez en la historia del país, un proceso de este tipo se da fuera de los límites de la campaña electoral, a la cual ha terminado por opacar.
En vez de ser un escándalo que afecta directamente al sistema de partidos y a los candidatos presidenciales –algo a lo que los costarricenses están acostumbrados–, concentra todo su poder destructor en golpear a la institucionalidad democrática del país y, en particular, al Poder Judicial.
Ciertamente, los partidos y sus dirigencias no han quedado al margen, pero el escándalo, en vez de fluir por los conocidos canales de la competencia partidista, se ha convertido en un río desbordado que amenaza con llevarse todo lo que se le ponga por delante, incluso la propia campaña electoral.
Rondas. La estructura partidista que actualmente hay en Costa Rica se caracteriza por la existencia de un partido “mayoritario” (Liberación Nacional) y un manojo de partidos “minoritarios” que, pese a esa condición, pueden capturar en su conjunto los votos suficientes para evitar que Liberación gane la presidencia en primera ronda.
De esta manera, la elección presidencial se ha convertido en un proceso en el que la carrera, para la mayoría de los partidos, no consiste en llegar de primero en las elecciones de febrero, sino en asegurarse el segundo lugar, con la expectativa de derrotar a Liberación en el balotaje, como lo hizo Acción Ciudadana en el año 2014.
Liberación parece tener todavía el suficiente apoyo electoral para asegurar, casi de manera automática, su clasificación a la segunda ronda, pero es bastante dudoso que pueda ganar la presidencia en los comicios de febrero; si no lo hace, va a ser muy difícil que triunfe en el balotaje. Además, una derrota de Antonio Álvarez Desanti podría abrir nuevas posibilidades en el año 2022 para los sectores liberacionistas que perdieron en la convención pasada.
Abstencionismo. Aunque todavía está por verse cuál será el impacto real del escándalo del cemento en la campaña electoral, es muy posible, a juzgar por los resultados de la encuesta dada a conocer el pasado 18 de octubre por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica y el Semanario Universidad, que el abstencionismo aumente y la volatilidad del electorado se extienda y profundice.
Dada la decisiva cobertura lograda por el caso del cemento en los medios de comunicación colectiva y en las redes sociales, la atención de la opinión pública parece estar más concentrada, en este momento, en el desempeño de los diputados que integran la comisión legislativa que investiga el asunto, que en las propuestas de los candidatos presidenciales.
Más aún, en el caso de algunos partidos, especialmente Acción Ciudadana y el Frente Amplio, su suerte en las urnas podría depender más de lo que hagan sus diputados en esa comisión investigadora, que del trabajo que realizan sus aspirantes presidenciales. De hecho, Carlos Alvarado y Edgardo Araya –dos candidatos con poco capital político– parecen haber quedado reducidos a la condición de actores de reparto en relación con el protagonismo alcanzado por Patricia Mora y Ottón Solís.
Partidos. De momento, toda la evidencia disponible sugiere que los principales ganadores del escándalo del cemento podrían ser los partidos evangélicos, que cuentan con el apoyo de un electorado pequeño, pero estable, y resultarían los principales beneficiados de que el abstencionismo y la volatilidad electoral aumenten, ya que esto les facilitaría alcanzar cocientes y subcocientes e incrementar su representación legislativa.
Liberación ya tuvo la primera baja importante, materializada en la renuncia del candidato a diputado por Heredia, Víctor Hugo Víquez, y podría tener más heridos y muertos políticos, de acuerdo a como se desarrolle el escándalo en lo que resta de la campaña electoral.
El Partido Acción Ciudadana, a su vez, se encuentra en la paradójica situación de que, entre más lo afecta el escándalo, más se fortalece la figura del líder histórico de esa organización política, aunque todavía falta por ver si ese reforzamiento podría contrarrestar la afectación en las urnas.
Hasta ahora, el Movimiento Libertario ha logrado esquivar el golpe frontal de la marejada del escándalo, pero esta situación podría cambiar en cualquier momento, dado que de la investigación del caso del cemento se pueden esperar todavía muchas sorpresas más.
Si bien el Frente Amplio todavía no se ha visto salpicado por el escándalo (pese a la conexión que trató de establecer al respecto Mariano Figueres), entre el protagonismo de Patricia Mora en la comisión legislativa y el quehacer de Edgardo Araya como candidato no hay sinergia.
Ruleta. En contraste con elecciones pasadas, en las que los márgenes de incertidumbre permitían visualizar, por lo menos cuáles eran los candidatos que más posibilidades tenían de clasificarse a una segunda ronda, el impacto del escándalo del cemento ha hecho que el veredicto de las urnas sea todavía más incierto.
Tal fenómeno es resultado de que, para empezar, el escándalo aún no ha terminado y seguirá su curso, de manera paralela, con la campaña electoral, por lo que incluso Liberación podría verse en un predicamento similar al que atraviesa en estos momentos la Liga Deportiva Alajuelense y no alcanzar los votos necesarios para conseguir la ansiada clasificación.
Debido a estas condiciones, el incremento en el abstencionismo y la profundización de la volatilidad electoral podrían jugar a favor de los candidatos presidenciales más inverosímiles e inesperados.
Si así fuera, la próxima elección quizá termine pareciéndose a una ruleta rusa: el dedo en el gatillo lo tendría puesto el electorado, la cabeza a la que apuntaría la pistola sería la institucionalidad del país y la bala sería uno de esos aspirantes a la presidencia que promete acabar con los males nacionales, aunque para eso tenga que matar al paciente.
Iván Molina Jiménez es historiador.