¿Por qué España no permite un referendo independentista en Cataluña, como en su momento lo hicieron el Reino Unido en Escocia o Canadá (dos veces) en Quebec? En ambos casos, el secesionismo fue vencido con el poder de los argumentos, y no con cargas policiales y arrestos de líderes nacionalistas. ¿No es así como el mundo civilizado dirime, o se supone que debe dirimir, este tipo de diferendos?
La interrogante es rápidamente saldada en cualquier discusión con un español: un voto de esa naturaleza es inconstitucional. Y ciertamente lo es: la Constitución proclama, sin lugar a dudas, “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Vale.
Para sostener legalmente un referendo independentista, habría que modificar la Constitución y, posiblemente, someter dicha reforma a un referendo en todo España, lo que resulta no solo inviable –es muy difícil que el resto de los españoles vote a favor de posibilitar la secesión de una de sus regiones más ricas–, sino que potencialmente caótico: una modificación de esa envergadura podría abrir una caja de Pandora, al poner sobre el tapete otros aspectos neurálgicos –y controversiales– de la institucionalidad española, como la monarquía y el Estado autonómico. Pocos tienen apetito para ello.
Y he ahí el meollo del asunto: por mucho tiempo la sociedad española ha sido presa de fuerzas centrífugas que varias veces la han llevado al borde de la desintegración. Tras 40 años de dictadura franquista –precedida de una cruentísima guerra civil–, se suponía que la Constitución del 78 enterraría estas divisiones. Pero a partir de la crisis económica, los fantasmas familiares han regresado, esta vez encarnados en un tóxico nacionalismo catalán que apela al revisionismo histórico, al odio hacia lo español y hasta a tesis disparatadas de superioridad racial.
La independencia de Cataluña sería un despropósito. Pero el independentismo es una realidad in crescendo que la intransigencia del gobierno de Rajoy ha atizado con creces. Las elecciones del 21 de diciembre se presentan como una medición de fuerzas enmarcada dentro de los límites de la legalidad. Será una buena oportunidad para derrotar a los nacionalistas en las urnas –y es probable que así ocurra–. Pero ¿qué pasa si ganan en buena lid? En ese caso, invocar al pacto constitucional del 78 no bastará para desactivar al separatismo catalán.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas.
jhidalgo@cato.org
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