EscucharAlgunos califican el trabajo de las comisiones legislativas como pérdida de tiempo, y tendrían razón si lo juzgaran por las intervenciones de Pilar Cisneros, Ada Acuña y otros diputados del oficialismo.
Al analizar a fondo la comisión investigadora de las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), se comprende su valor público para la reivindicación de la transparencia en las instituciones y empresas estatales.
Poco a poco, en tiempo real, se han confirmado las publicaciones de la prensa y se han conocido más detalles sobre la forma de operar de la agencia de publicidad del Sinart, o su “brazo armado”, como la denominó el presidente de la entidad, Fernando Sandí, en una entrevista con el programa Matices de Radio Monumental el 18 de octubre.
No todas las comisiones, por tanto, son una pérdida de tiempo. Desde el 2017 hasta mediados de setiembre del 2022, el Ministerio Público había solicitado a la Asamblea Legislativa 11 audios o videos de las comparecencias en las comisiones y 58 certificaciones de expedientes analizados por los miembros de tales agrupaciones parlamentarias.
Aún no había estallado el escándalo del Sinart, pero es de suponer algunas solicitudes con iguales propósitos en meses más recientes.
Gracias al trabajo de la comisión investigadora de las contrataciones en el Sinart y de las publicaciones de medios como La Nación y otros independientes, la Fiscalía investiga si hubo tráfico de influencias para que la Junta de Protección Social diera la producción del programa La rueda de la fortuna al Sinart, en contra del criterio técnico de los funcionarios responsables de la inversión eficiente de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR), por otra parte, investiga de oficio desde julio los millonarios contratos que 14 instituciones otorgaron al Sinart, varios de ellos sin concurso público, para el manejo de la publicidad estatal.
Más recientemente, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) suspendieron o cancelaron los acuerdos con el Sinart debido a la improbación de tres presupuestos extraordinarios.
La CGR encontró en ellos “múltiples incumplimientos”, tales como “inconsistencias en elementos básicos” en 7 de 13 contrataciones para el manejo de la publicidad estatal.
La agencia de publicidad del Sinart, por tanto, no construyó una “estrategia de negocios”, como afirmó Fernando Sandí en la entrevista para Matices, sino una fantasía antidemocrática, producto de inspiraciones surgidas en la Casa Presidencial.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.
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