Que no digan que nadie nos advirtió. Desde hace varios años, la Supén –bajo la dirección de Edgar Robles– insistió sobre la inminente quiebra del régimen de pensiones de la CCSS, al que cotizan 1,5 millones de trabajadores. Muy poca gente parece haber prestado atención; el asunto ni siquiera se discutió en la última campaña presidencial. Sin embargo, se trata de una situación que, combinada con el rápido deterioro de las finanzas del Gobierno central, podría desembocar en una crisis económica no vista desde inicios de los ochenta.
En el 2008, un estudio actuarial reveló que el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) comenzaría a utilizar los intereses de sus reservas en el 2015 y que a partir del 2023 estaría en una “situación financiera comprometida” (léase “quebrado”). La semana pasada, La Nación dio a conocer los resultados de un nuevo informe que también pone al 2023 como el año en que el IVM agotaría sus reservas. Llegado ese momento, el fisco deberá empezar a cubrir el creciente faltante entre lo que le ingresa al régimen por contribuciones y lo que le sale por concepto de beneficios.
A esto sumemos que otros fondos de pensiones están igualmente en la cola de un venado. Se calcula que el del Poder Judicial, plagado de privilegios, se quedará sin dinero antes del 2030. Los regímenes con cargo al presupuesto, como el del Magisterio, donde las pensiones que se pagan tampoco guardan relación con las contribuciones realizadas, constituyen un fardo “insostenible en el tiempo” sobre el erario, afirma la Contraloría.
Las perspectivas para el futuro son aún más lúgubres si tomamos en cuenta que estos nubarrones se ciernen sobre un país que ya de por sí tiene un elevado déficit fiscal (5,9% del PIB) y una deuda del sector público (por arriba del 60% del PIB) que crece a un ritmo acelerado. ¿De dónde saldrá el dinero para honrar todos estos compromisos adquiridos por el Estado?
Hay dos opciones: una transición definitiva a un régimen de capitalización individual (el cual explicaré la próxima semana) o un aumento descomunal de impuestos y dolorosos recortes de beneficios.
Pero antes de pensar en cómo enfrentar el problema, debemos reconocer que tenemos uno. En ese sentido, el gobierno anterior y el actual han optado por evitar una discusión honesta sobre el tema, con el agravante que, cuánto más se pospongan los ajustes, más dolorosos serán estos cuando inevitablemente tengan que llevarse a cabo.
(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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