Falta poco menos de un año para el vencimiento del contrato de uso en precario de la revisión vehicular, otorgado a la empresa Dekra Costa Rica, y si bien pareciera que hay suficiente tiempo para la escogencia legal del nuevo operador, han surgido indicios que presagian problemas, por ejemplo, que solo una empresa aprobó la precalificación, cuando la Contraloría General de la República recomienda que no haya monopolio.
La revisión vehicular es un asunto mayor, como bien señaló un recurso de inconstitucionalidad contra los laxos requisitos establecidos en el artículo 27 de la ley de tránsito, pues se trata de garantizar a los costarricense un ambiente seguro y la protección de su integridad física, que se inicia con una flotilla vehicular en óptimo estado.
El camino, hasta la fecha, tiene buenas intenciones, pero también falencias técnicas, pese al interés de garantizar al país por lo menos dos proveedores con el fin de disminuir incluso algunos requisitos, como el número de revisiones históricas. Pero solo pasó la precalificación Aplus CR (apoderada de Riteve).
En lo técnico, el cartel fue objeto de cuestionamientos, que tuvieron que ser enmendados después de los recursos de las oferentes, lo que desnuda que aún se debe trabajar en las habilidades técnicas de la institución.
La existencia de un solo oferente bien precalificado, que puede llevar a que el proceso se declare desierto y a más dilaciones, llama a reflexionar sobre dos preguntas complicadas: ¿Será la búsqueda de ruptura del monopolio la razón del desinterés de participar en un mercado ya de por sí pequeño como Costa Rica? ¿Cómo es posible que la empresa que actualmente y durante dos años nos ha estado dando el servicio no logró pasar la precalificación?
Ambas preguntas invitan a cuestionarse sobre cuál debe ser la mejor vía para garantizar a Costa Rica una flotilla en óptimo estado en los próximos 10 años, ¿más invitaciones a oferentes para que haya competencia y evitar prácticas monopolizadoras?, ¿blindar futuros carteles de precalificación y licitación, que tengan además el sentido comercial para las oferentes y evitar así retrasos por apelaciones o inopia? Y, desde luego, fortalecer la supervisión sobre la actual proveedora, que no cumplió con tres de los cuatro requisitos de admisibilidad financiera.
nmarin@alvarezymarin.com
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
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