EscucharEl acoso sexual es uno de los obstáculos más repugnantes a la incorporación plena de la mujer a la fuerza de trabajo. Hay otros de capital importancia, como la desigualdad en la compensación y las limitaciones al ascenso, pero el acoso es repulsivo por cuanto tiene de abuso de poder y sufrimiento de la víctima.
Entre las instituciones llamadas a erradicar esa conducta, el Poder Judicial ocupa un lugar destacadísimo, porque, con frecuencia, el hostigamiento pasa de una conducta sancionada en sede administrativa a otras necesitadas de intervención judicial o, cuando menos, de la participación del juez para establecer indemnizaciones civiles. Por eso causan singular preocupación los casos denunciados en la Corte Suprema de Justicia.
En el 2012 hubo 27 denuncias y otras siete el año pasado. De ahí no se puede concluir que el problema en la Corte sea mayor que en otras instituciones. Tampoco es posible acusar al Poder Judicial de indiferencia o de falta de sensibilidad, pero, sin necesidad de arriesgar inferencias, la cantidad de denuncias acreditan la existencia del problema en una institución cuyo concurso es vital para el éxito en la lucha contra conductas tan repugnantes.
Por otra parte, el número de casos denunciados poco dice de la extensión del problema. En situaciones como estas, el temor a plantear la queja puede doblegar a la víctima al punto de forzarla a dejar injustamente su puesto de trabajo. Hay abundante evidencia, en la Corte y otras instituciones, de mujeres acosadas durante años antes de animarse a formular una denuncia. ¿Cuántas seguirán calladas y cuántas no lograron decidirse a denunciar?
El Consejo Superior del Poder Judicial da muestras de comprender la importancia del problema y, en una sesión celebrada hace dos meses, sus integrantes señalaron preocupación. En la cita, los magistrados examinaron dos casos. En ambos, la medida recomendada consistió en la suspensión de los funcionarios durante un mes sin goce de salario. El Consejo acogió la recomendación en un caso y en otro ordenó el reenvío para analizar la posibilidad de un castigo diferente.
Los jueces deben adecuar la sanción a la gravedad de la conducta concreta, pero, tratándose de acoso sexual, conviene preguntarse si los extremos menores previstos para el castigo tienen la severidad suficiente. Un mes de suspensión para un funcionario que volverá a su despacho una vez cumplida la sanción, y allí probablemente encontrará a la víctima, no parece suficiente.
El sufrimiento causado por el acoso no debe ser menospreciado, como tampoco la dificultad de probarlo. Por eso, cuando se constata la responsabilidad del acusado con certeza suficiente para fundamentar una sanción, esta debe ser severa en resguardo de la víctima y de la propia institución, llamada a ser ejemplo y fiel de la balanza.
La necesidad de actuar con decisión en esta materia también encuentra fundamento en las consecuencias sociales del acoso, más allá de la angustia de sus víctimas. Este tipo de agresión es un obstáculo injustificable al desempeño de la mujer en el trabajo y, con frecuencia, a sus posibilidades de ascenso.
La Corte ha hecho una campaña de sensibilización sobre el problema y también de divulgación de los derechos de las víctimas. Asimismo, promovió una reforma reglamentaria para acelerar los procesos, con lo cual se reduce en algo la angustia de la víctima y se estimula la denuncia. Son medidas correctas y necesarias, pero no excluyen la conveniencia de revisar el régimen de sanciones vigente.
Como bien señala la magistrada Doris Arias, a pesar de las campañas de sensibilización y divulgación, “tenemos dificultades para que las víctimas presenten las denuncias, no porque no haya facilidad, sino porque los temas de hostigamiento están atravesados por el tema de género y de poder, y la gente tiene miedo”. Razón de más para que los resultados de las denuncias, una vez comprobados los hechos, sean contundentes.
