EscucharLa decisión del candidato liberacionista Johnny Araya Monge de deponer sus aspiraciones presidenciales y llamar a la forja de un acuerdo nacional imprime un giro inesperado al proceso político costarricense. La decisión no pudo ser fácil y en ella pesaron, con toda seguridad, los sondeos de opinión, tanto los públicos como los conducidos en privado por los partidos y otras instituciones.
Más allá de las motivaciones inmediatas, la decisión despeja el panorama, reduce las tensiones e incertidumbres de la segunda ronda electoral y ofrece al virtual presidente electo, Luis Guillermo Solís, la posibilidad de armar equipo e informar a la ciudadanía de sus planes y aspiraciones, sin las distorsiones y reservas introducidas en el discurso político por la inminencia de una elección.
A lo largo de las últimas semanas, los dos candidatos mantuvieron una intensa agenda de reuniones con diversos sectores y grupos de interés, no siempre coincidentes en sus objetivos. Esas citas, en algunos casos verdaderas emboscadas, se prestan para extraer de los aspirantes presidenciales compromisos cuyo posterior incumplimiento, si se produce, deslegitima al gobernante.
La lucha electoral también impide a los candidatos anunciar el equipo de gobierno y darle al país la tranquilidad de saber en cuáles manos estarán sus destinos. Los aspirantes presidenciales deben cuidar la motivación de todos sus partidarios, imposible de preservar si truncan prematuramente sus aspiraciones.
La inevitable especulación sobre los futuros mandos gubernamentales, en particular en áreas como la economía, es tanto más dañina cuando la realidad indica la inminencia de una victoria del Partido Acción Ciudadana, todavía no probado en la función ejecutiva.
Tras el anuncio de Araya, Solís está en libertad de hablar claro, exponer sus planes de gobierno y revelar a quiénes acudirá para ejecutarlos. Cuenta ahora con dos meses para hacerlo, y no el estrechísimo lapso de cuatro semanas entre el 6 de abril, fecha de la segunda ronda, y la ceremonia de inauguración presidencial.
Araya enfrentará críticas, quizá la mayoría emanadas de su propio partido, pero la anunciada disposición a colaborar con el nuevo gobierno a partir de acuerdos programáticos sobre los principales problemas del país es una oportunidad para el nuevo mandatario, cuyo margen de acción política está limitado por la conformación del futuro Congreso y la notable minoría de su bancada. Por primera vez en la historia, un gobernante asume el mando con tan solo 13 diputados, uno de los cuales estará separado de la fracción por decisión del propio partido de gobierno.
Los diputados electos del Partido Liberación Nacional anunciaron su respaldo a Araya y lo reconocieron como jefe e interlocutor de las demás fuerzas políticas, incluido el Gobierno. En esa designación hay, también, una ventaja para Solís. Si Araya consolida la posición de interlocutor autorizado –que seguramente le será disputada por otros sectores del partido–, el nuevo presidente sabrá con quién conversar en la bancada más numerosa, una tercera parte mayor que la suya.
La extensión del plazo para formar gobierno plantea la posibilidad de tender puentes con la futura oposición, explorar coincidencias y conformar una agenda legislativa. También será útil para ordenar la transición y dar a los nuevos funcionarios una oportunidad para ponerse al corriente de los asuntos propios de sus despachos.
Nada de esto riñe con el acertado propósito del candidato del PAC de continuar sus actividades de campaña y convocar a los votantes para consolidar su mandato en las urnas, el 6 de abril. El proceso electoral culminará ese día, no antes, y Solís hace bien en reconocerlo. Aceptó, sin embargo, que, junto a las labores de campaña, las circunstancias le imponen asumir un rol diferente, “con responsabilidad y alegría”. Ese rol incluye transmitir al país seguridad y tender puentes con las demás fuerzas políticas.
