EscucharLa remuneración del empleo público fuera del Gobierno Central es un problema de justicia social. En eso llevan razón los sindicatos del sector y los demagogos de todo cuño, empeñados en defender el statu quo. El extravío de unos y otros se pone en evidencia cuando intentan explicar por qué. Con frecuencia recurren al argumento de la desigualdad social y la necesidad de cerrar las brechas, pero jamás reconocen el papel de sus privilegios en la creación de las iniquidades.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acaba de rendir un informe donde pone los puntos sobre las íes. Los salarios públicos son, simple y llanamente, un disparador de la desigualdad. Por supuesto, no son el único factor, pero en un país donde el 85% de los trabajadores están en el sector privado y buena parte del 15% restante trabaja en empleos más modestamente remunerados del sector público, existe una aristocracia burocrática, muy distante en privilegios y prebendas de los sectores más necesitados, sobre cuyas espaldas recae buena parte del costo. Esa misma aristocracia ha secuestrado el discurso de la equidad y la justicia social para defender sus ventajas.
Los defensores de la justicia social, como la entiende la demagogia, en realidad se encuentran entre sus enemigos. El discurso de la desigualdad cobra un significado totalmente distinto a la luz de los hallazgos de la OCDE. El problema no está exclusivamente en la carencia de un sistema tributario más progresivo. La culpa tampoco descansa por completo en el ineficiente manejo de las transferencias a los sectores más necesitados. Los privilegios conferidos al sector público explican buena parte de la desigualdad.
La OCDE critica, como lo ha hecho La Nación, la evasión fiscal de los profesionales, el bajo gravamen a los ingresos de capital y la poca participación de las personas físicas en el acarreo de la carga tributaria. Hemos señalado, también, el paraíso fiscal concedido al sector más dinámico de la economía: los servicios. La ausencia de un impuesto al valor agregado (IVA) dificulta la fiscalización del pago del impuesto de ventas, como lo conocemos en la actualidad, y también abre las puertas a la evasión del tributo sobre la renta.
Todo eso es cierto desde la perspectiva de los ingresos del Estado y causa un fuerte impacto en la desigualdad. Pero la vertiente del gasto no puede ser ignorada. Costa Rica, dice la OCDE, invierte mucho en educación y programas sociales, con malos resultados. Mejorar la calidad de ese gasto contribuiría a cerrar las brechas, pero no aliviana el peso de los privilegios del sector público, así como su repercusión sobre la desigualdad.
La organización recomienda, como ha venido insistiendo este diario, revisar el pago de anualidades para vincular el beneficio al desempeño. Ese sería un buen primer paso. No obstante, las iniquidades van mucho más allá. Los injustificables privilegios en materia de cesantía, incapacidades, jubilaciones y otros pluses salariales deben cesar.
El informe de la OCDE puede ser leído, sin que esa sea la intención del organismo, como una denuncia de la hipocresía de quienes abogan por la justicia social sin reconocerse entre los causantes. El problema, desde luego, es también fiscal. El Estado no puede con los gastos, ni con los ingresos disponibles. En consecuencia, el déficit crece a niveles peligrosos y se dispara el endeudamiento. Quizá por eso la discusión de los privilegios exagerados y su efecto sobre la desigualdad social solo ha sido tangencial. Las conclusiones de la OCDE no constituyen una novedad. Empero, contribuyen a poner el acento sobre esta otra arista del problema, cuyas manifestaciones comienzan por el propio empleo público, donde también existen odiosas desigualdades.
