EscucharContrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina y, especialmente, el “triángulo norte” de Centroamérica, Costa Rica muestra una tendencia esperanzadora en materia delincuencial y, por ende, de seguridad ciudadana: la reducción en los homicidios.
Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que dimos a conocer en nuestra edición del viernes, revelan que en el primer semestre de este año se produjeron 29 asesinatos menos en relación con el mismo período del año anterior, al pasar de 194 en el 2013 a 165 ahora. La reducción fue particularmente importante en las provincias de San José y Limón, que ocupan, respectivamente, el primero y segundo lugar en términos absolutos, aunque Limón supera a todas en homicidios por habitantes. En cambio, hubo ligeros aumentos en Puntarenas, Guanacaste y Heredia.
Si estos datos solo indicaran una baja en el semestre, siempre serían importantes: no debemos menospreciar ningún avance, aunque sea puntual, en la lucha contra el crimen, sobre todo en su manifestación más execrable, que son las muertes deliberadas. Pero su trascendencia crece porque se inscriben en una tendencia hacia la baja que se ha desarrollado durante los últimos cuatro años. Después de haberse incrementado la tasa de homicidios hasta 11,4 por cada 100.000 habitantes en el 2009, al año siguiente comenzó a reducirse, primero de forma muy moderada, pero luego más evidente, hasta llegar a 8,6 en el 2013. Si se mantiene el ritmo de este primer semestre, podría caer aún más.
Esta tasa ya es, por mucho, la más baja de Centroamérica. Según comparaciones dadas a conocer en julio del 2013 por el Informe del Estado de la Región, con datos del 2011, Honduras tenía entonces un demoledor récord, con 86,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras el segundo más bajo, después de Costa Rica, era Nicaragua, con 12.
Las cifras sobre la evolución de otros delitos en el país son más erráticas: incrementos en algunos (sobre todo, hurtos), bajas en otros; sin embargo, no revelan ninguna tendencia preocupante hacia el alza, y, menos aún, un patrón de delincuencia con mayores índices de violencia.
La conclusión es que, en materia de seguridad ciudadana en general, y de reducción de homicidios en particular, lo estamos haciendo bien, gracias a una oportuna conjunción de iniciativas –a menudo, coordinadas-- en los ámbitos de educación, prevención, desarrollo de oportunidades, manejo de información, acción policial y respuesta judicial. Es decir, a partir de la anterior Administración se ha aplicado una política integral, asentada en un buen uso del conocimiento y las experiencias adquiridas, tanto en Costa Rica como en otros países, lo cual, a su vez, ha incidido en un manejo mucho más experto de las variables clave que inciden en el delito.
Este abordaje aún muestra imperfecciones, pero está rindiendo importantes frutos. En tal sentido, nos satisface que el Gobierno actual decidiera continuar su implementación, y que la haya mantenido en manos de algunos de sus principales diseñadores y ejecutores, entre ellos el ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa. El reto, ahora, es seguir mejorando.
En medio de los alentadores resultados mencionados subyace, sin embargo, un gran desafío, que en cualquier momento podría manifestarse con fuerza más destructiva: la acción del crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Es un factor mucho más difícil de controlar, y que, por su naturaleza transnacional, demanda un tipo de coordinación regional extremadamente complejo. Ante esta amenaza, debemos mantenernos particularmente alertas, mientras avanzamos en las políticas de seguridad integrales.
