EscucharLa Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) contará con ¢3.000 millones menos este año para desarrollar sus proyectos de reparación y construcción. Los ¢30.000 millones quedaron reducidos a ¢27.000 millones, al tiempo que los titulares de prensa saludan el inicio del curso lectivo con noticias sobre las dramáticas condiciones de escuelas y colegios en todo el país.
El contraste entre la medida presupuestaria y la realidad de los centros educativos apenas podría ser más trágico. En muchas regiones del país, los estudiantes recibirán lecciones en improvisados ranchos, salones comunales, iglesias y hasta en viviendas prestadas por vecinos caritativos. El ruido, la distracción por falta de divisiones y el calor en ausencia de cielorrasos impedirán a los estudiantes aprovechar las lecciones.
En los últimos tres años, es cierto, el presupuesto para infraestructura educativa se ha proyectado muy por encima de los períodos precedentes. En el 2009 saltó a ¢27.000 millones, mucho más de los ¢17.500 presupuestados el año anterior. En el 2010 aumentó en ¢3.000 millones y este año retrocedió a los niveles del 2009. También es cierto, sin embargo, que la avejentada infraestructura existente –buena parte de ella construida hace cuatro o cinco décadas– está llegando al límite y exige inversiones urgentes, para no hablar del surgimiento de nuevas necesidades.
Según Carlos Villalobos, director de Infraestructura y Equipamiento educativo, el MEP necesita unos ¢510.000 millones, 19 veces el presupuesto de este año, para reparar escuelas y colegios, construir gimnasios y edificar bibliotecas. Para conseguirlos, planea poner en funcionamiento un fideicomiso de ¢86.000, diseñado para atraer inversión privada. El proyecto, no obstante, requiere de aprobación legislativa y no puede darse por seguro. Además, las necesidades son apremiantes.
El Liceo de Cuajiniquil, Guanacaste, ofrecerá lecciones a sus 216 estudiantes en un salón comunal, un rancho una vez utilizado como bar y un templo evangélico, pero los educadores temen una visita del Ministerio de Salud, capaz de desembocar en una orden de clausura.
Los 160 alumnos del Liceo Rural Labrador, en San Mateo, recibirán clases en un salón comunal, en el cual los encargados construyeron improvisadas divisiones. Los dos centros educativos son ejemplos de decenas de casos, cuyos detalles son difíciles de creer en una Costa Rica que se precia de su especial atención al desarrollo educativo.
El recorte de este año, hecho en el marco de un preocupante déficit fiscal, es de todas formas incomprensible. Disminuir los recursos disponibles para la educación es, a mediano plazo, la peor medida de saneamiento fiscal.
El deterioro de la misión educativa limita el desarrollo social, el crecimiento económico y, en consecuencia, las futuras finanzas públicas. Si es necesario disminuir el gasto público, hay otros rubros, incluida la planilla estatal cuyo crecimiento en los últimos años es responsable de una considerable porción del déficit. Son áreas donde la reducción implica significativos costos políticos, pero esa no es razón para tolerar semejante injusticia, perpetrada contra un futuro mucho más cercano de lo que podría parecer.
Insistir en la creación del fideicomiso es tarea urgente del MEP. Pedir a los diputados su pronta tramitación es una obligación compartida del Ministerio, las organizaciones del Magisterio y la ciudadanía en general, pero en el ínterin la reducción presupuestaria es un contrasentido.
La construcción y reparación de aulas no resuelve la totalidad de los problemas interpuestos entre los estudiantes y el aprendizaje necesario para desenvolverse en un mundo cada vez más competitivo.
Este año, por ejemplo, los alumnos también entrarán a clases con la amenaza, ya habitual, de no encontrar al maestro. Incapacidades, renuncias de última hora y problemas administrativos impedirán, como en otros años, completar a tiempo la planilla, y el Ministerio recurrirá a educadores dispuestos a asumir las plazas, algunos de ellos sin haber completado su formación docente.
Pero, si bien dista de ser la panacea, la recuperación de la infraestructura es un paso indispensable.
