Nueva arremetida contra la CIDH

La Comisión y la Relatoría son fuente de constante disgusto para Ecuador y sus aliados, una y otra vez señalados por la violación de los derechos humanos y, en particular, de la libertad de expresión. Hasta ahora, las pretensiones del ALBA han sido derrotadas por la decidida defensa de los derechos humanos ejercida por Costa Rica, México, Panamá, Chile, Colombia, Uruguay y otras naciones del continente.

Nuestro país, fiel a los más altos valores democráticos, se ha hecho acreedor al agradecimiento público de la comunidad de defensores de los derechos humanos en todo el hemisferio y más allá. Ha sido líder y fuente de inspiración. Su influencia deja una huella muy superior a la modestia de su extensión territorial y número de habitantes. En el plano moral, Costa Rica se ha constituido en gigante.

Las derrotas sufridas por la diplomacia ecuatoriana hacían pensar en una tregua para los organismos del Sistema Interamericano, pero muchos países experimentaron cambios de gobierno desde la última arremetida fracasada, y el ALBA decidió explorar la posibilidad de una reconsideración del tema entre los nuevos gobernantes.

En nuestro país, la defensa de los derechos humanos y de las instituciones creadas para asegurar su práctica es una política de Estado, un hilo conductor de las relaciones exteriores sin importar quién gobierna. La nueva Administración tiene en Paraguay la oportunidad de reiterar ese compromiso nacional.

Con lenguaje orwelliano, Ecuador plantea su propuesta como necesaria para el “fortalecimiento” del Sistema. Las estipulaciones orientadas a debilitarlo las disfraza con aspavientos de “americanismo” y autonomía. Plantea, por ejemplo, el financiamiento exclusivo de las actividades de la Relatoría mediante contribuciones de los Estados miembros de la OEA, pero no dice que esos aportes son ínfimos ni que el organismo vive gracias a la cooperación de la Unión Europea.

Para disimular la intención de desfinanciar a la Relatoría, Ecuador y sus aliados sugieren la creación de un fondo para captar aportes y luego distribuirlos entre todas las relatorías de la OEA, según el programa de trabajo previamente definido por los Estados. Pero la Relatoría para la Libertad de Expresión es la que mayor apoyo económico recibe, precisamente por su importancia para la defensa de un derecho en cuya ausencia todos los demás peligran. Repartir esas contribuciones es una manera de desfinanciarla.

La propuesta también impulsa la redacción de un código de conducta para la Relatoría. Las normas, por supuesto, le impedirían ejercer la fiscalización de los abusos cometidos por los Estados. El fin último, a lo largo de tantos esfuerzos fracasados, ha sido impedir a la Relatoría publicar sus comprometedores informes sobre violaciones a la libertad de expresión.

Amén del vergonzoso despliegue de espejismos y giros del lenguaje destinados a confundir, hay en la iniciativa del ALBA una profunda hipocresía. Países siempre dispuestos a recibir cooperación europea hoy se sonrojan porque la Unión dirija recursos a la nobilísima causa de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

A Costa Rica no le duelen prendas. Cuando los organismos del Sistema Interamericano le señalan errores, acata las recomendaciones y sentencias con enaltecedora reverencia. Aquí no hay temor al verdadero fortalecimiento del Sistema Interamericano ni a sus exigencias de cumplimiento. Por el contrario, esas son metas enraizadas en el compromiso con los pueblos de las naciones hermanas y, sobre todo, con los valores más preciados de nuestra nacionalidad. El Paraná, testigo de los brutales abusos de dictaduras pasadas, puede serlo también de la voluntad constante de los costarricenses, empeñada en la defensa de la democracia y los derechos humanos.