EscucharLa Asamblea Legislativa estudia dos planes propuestos para ordenar los pluses salariales, cuyo peso sobre las finanzas públicas se torna cada vez más insostenible. Uno de los proyectos lo propone el gobierno. El otro, más amplio, lo impulsa la legisladora liberacionista Sandra Piszk.
El ministro de Hacienda es partidario de fundir las dos iniciativas en una. No es mala idea si la armonización resulta en un proyecto alineado con las urgentes necesidades del erario. Es importante la claridad de objetivos para construir un texto verdaderamente útil.
Piszk explica los fundamentos de su plan con claridad y sencillez. Destaca tres principios dignos de convertirse en el programa rector de la reforma y si la refundición de las dos iniciativas responde a ese plan maestro, el gobierno y los diputados tendrán la oportunidad de corregir graves desvaríos históricos.
En primer lugar, el proyecto de la diputada entiende al Estado como patrono único. En consecuencia, no se justifican las diferencias salariales existentes. Hace un par de años, un estudio de la Contraloría General de la República encontró distancias de entre un 225% y un 614% en la remuneración de cargos con idénticas funciones y requisitos. Las remuneraciones del Gobierno Central son muy inferiores a las de las instituciones autónomas y, en muchas de ellas, el pago de anualidades supera el monto destinado a los salarios base.
El segundo punto de importancia deriva del primero. Las instituciones autónomas han conseguido servirse con cuchara grande porque manejan una política salarial independiente. Piszk sostiene que la autonomía rige para las funciones de esas entidades públicas, no para su política salarial. En consecuencia, las propuestas de la diputada en materia de pluses serían aplicables al empleo público en su totalidad, sin las odiosas distinciones y privilegios concedidos al sector descentralizado.
En tercer lugar, la diputada propone reconocer la existencia, bien delimitada por la ciencia jurídica, entre derechos adquiridos y expectativas de derecho. Los primeros deben ser respetados, pese a su altísimo costo. Los segundos, incluidas las anualidades y la cesantía, pueden variar.
El proyecto contiene un cuarto aspecto de importancia: el establecimiento de mecanismos de evaluación del desempeño para evitar la aplicación automática de las anualidades. La propuesta gubernamental es profusa en este punto. Establece un primer examen para determinar si la institución cumplió sus metas. Si la evaluación lo constata, se hará un estudio similar en cada departamento. Comprobado el logro de metas en ese segundo nivel, se pasa a la evaluación individual y solo entonces se asignan anualidades a los empleados calificados como “muy buenos” o más.
La idea es ligar la concesión del incentivo con el desempeño institucional y el de cada departamento, dejando atrás la consideración exclusivamente individual del funcionario. No habrá incentivos si la institución no cumple sus metas. El departamento que falle tampoco disfrutará el beneficio y solo los empleados calificados como muy buenos o más gozarán de anualidades.
La eficacia de la propuesta dependerá de la seriedad de la evaluación. Según la Dirección General del Servicio Civil, entre el 2007 y el 2012 un 99% de los funcionarios públicos pasaron las débiles evaluaciones existentes y lograron el beneficio. La concesión prácticamente automática de las anualidades las desnaturaliza como incentivo y se desliga de los criterios uniformes de razonabilidad, eficiencia e igualdad que deben guiar su otorgamiento. El precio lo pagan los usuarios, la calidad de los servicios estatales y las finanzas públicas.
