La tasa de mortalidad infantil, con menos de 7,8 fallecidos por cada mil nacidos vivos, es un elocuente testimonio de la excelente atención del embarazo y el parto en nuestro país. El mérito es de las instituciones dedicadas a resguardar la salud, en especial la Caja Costarricense de Seguro Social. No obstante, subsiste la práctica del parto domiciliario, asistido por enfermeras o comadronas contratadas para facilitar un alumbramiento supuestamente menos traumático desde el punto de vista emocional y sicológico.
La búsqueda de ese cuestionable objetivo puede resultar mortal, como sucedió a una madre de 30 años llevada a la clínica de Coronado con una fuerte hemorragia posparto el miércoles de la semana pasada. La niña nacida en el hogar sobrevivió, pero será huérfana lo mismo que su hermanita mayor.
La tragedia difícilmente habría sucedido en una clínica bien equipada, con todo el personal necesario para atender eventualidades, en lugar de una sola enfermera contratada por la madre en procura de beneficios de escaso valor si se consideran los riesgos asumidos a cambio.
La defensa de los partos domiciliares a menudo comienza por señalar que ese es el modo tradicional, practicado desde siempre. Un cierto grado de romanticismo rodea la propuesta, pero es mucho más importante considerar la cantidad de muertes de madres y niños en los partos de otras épocas.
La diferencia la marcan las instalaciones de salud bien equipadas y con personal idóneo para ofrecer atención prenatal, asistencia durante el parto y vigilancia de la madre y el niño después del nacimiento. El sangrado posparto puede presentarse en forma tardía, durante el mes posterior al alumbramiento, dice Ligia Ramírez, enfermera obstétrica y presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros, quien enfatizó la importancia de vigilar durante las 24 horas posteriores al parto.
Ramírez no ocultó su molestia por lo sucedido la semana pasada. El Colegio, afirmó, había advertido sobre la posibilidad de un fallecimiento de ese tipo y reclamó al Ministerio de Salud su falta de acción para impedirlo. Sin embargo, el esfuerzo no debe limitarse al Ministerio. Ninguna enfermera o enfermero debería prestarse para un parto domiciliar y el Colegio debe hacer cuanto esté a su alcance para hacer conciencia entre sus asociados, además de aplicar con drasticidad su Código de Ética, que contempla la posibilidad de una inhabilitación permanente cuando se compruebe una actuación irregular.
El Ministerio Público y las autoridades judiciales deben empeñarse en investigar lo sucedido y determinar si corresponden sanciones. A la Caja Costarricense de Seguro Social, además de la vigilancia y oportuna intervención preventiva, le toca hacer todo los posible por ofrecer una atención humanizada, lo menos traumática posible.
Las familias también tienen un papel de enorme importancia en la prevención de la riesgosa práctica y los médicos deben estar en constante alerta para detectar cualquier intención de un parto domiciliario y hacer cuanto esté a su alcance para evitarlo. Solo el esfuerzo conjunto y una educación adecuada darán resultado.
Cerca del 1% de los nacimientos ocurren en el hogar. Son demasiados si se consideran los riesgos. No obstante la disponibilidad de atención gratuita en los servicios públicos de salud, el alumbramiento domiciliar puede ser tan caro como el parto en una clínica particular. La contratación de la atención ronda los ¢3 millones. No tiene sentido despreciar las ventajas del sistema nacional de salud y de eso es necesario convencer a las madres en la clínica, en el hogar y mediante campañas informativas.
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