Réplica al ministro de Hacienda

La nueva Administración minimizó la gravedad de la situación fiscal antes de iniciar funciones y, una vez al mando, la empeoró con acciones dispendiosas como el incremento exagerado del presupuesto para las universidades públicas, de un 14%, con una inflación programada de apenas un 4% para el 2015; fuertes aumentos a los empleados públicos que ganan, precisamente, entre dos y tres veces más que sus homólogos privados; evitó plantear una reforma integral del sector público para entrarle a fondo al gasto y reducirlo de manera sostenible, y renunció a solicitar nuevos ingresos tributarios en los primeros dos años de gobierno.

Por eso dijimos desde hace varios meses, y lo sostenemos hoy con mayor vehemencia, que la política fiscal del nuevo Gobierno era –y es– peligrosa. ¿Cómo no va a ser peligroso presentar un proyecto de presupuesto por ¢7,9 millones de millones en una economía pequeña que crece a un ritmo real apenas moderado? La suma representa una expansión de un 19% frente al gasto del año anterior –casi cinco veces más que la inflación programada por el Banco Central–, y plantea un déficit potencial, equivalente al 6,7% del producto interno bruto (PIB). Además, contempla financiamiento sano para solamente un 53% del total. También advertimos a tiempo que un presupuesto altamente desfinanciado provocaría una degradación por parte de las calificadoras internacionales de riesgo de deuda y, desafortunadamente, ese vaticinio ya se comenzó a materializar.

Don Helio afirma que, en realidad, el presupuesto solo crece un 11%, si se excluyen ciertas partidas, como los pagos de amortización e intereses. Se le olvidó la macroeconomía. El volumen total de gastos, incluyendo el pago de intereses, es el que efectivamente se debe contabilizar al calcular el componente oficial de la demanda agregada, que es el mismo que incide en las tasas de interés, la inflación y, eventualmente, en presiones sobre el tipo de cambio. También influirá a la hora de calcular la expansión crediticia al sector privado.

Si el sector público gasta mucho, el gasto total del sector privado en consumo e inversión tenderá a verse disminuido, bajo pena de crear más inflación y estrujamiento al sector privado. Y es la inversión privada la que más contribuye al crecimiento económico y a generar empleo, y, también, a aportar mayores ingresos sanos para el mantenimiento del Estado. Si se estruja al sector privado, se deteriorará más la situación fiscal. Y esta verdad tampoco la ha comprendido plenamente el Gobierno.

Dice don Helio que el 2015 es un año atípico por el elevado monto de amortizaciones (¢1.726.125 millones), resultado de años de deficiente política fiscal. Es cierto. Pero esa realidad la debió haber previsto antes de iniciar funciones y debió, además, haber adoptado acciones más decididas para evitar el incremento de la deuda pública, que ya ronda el 50%. Si esa era –y es– la realidad, el Gobierno no debió haber otorgado incrementos salariales excesivos a los servidores públicos ni a las universidades, como lo hizo, ni debió renunciar a solicitar nuevos impuestos ni a rebajar el gasto público. En suma, no debió minimizar la gravedad de la situación fiscal.

Se queja el ministro de la inflexibilidad presupuestaria y cita cifras para demostrar que un gran porcentaje del total está asignado para cumplir compromisos legales. De nuevo, es cierto. Pero no está diciendo nada nuevo: todos los ministros de Hacienda se quejan de lo mismo. No es suficiente echar la culpa a sus predecesores. Su deber es enfrentar el problema, presentar las reformas legales y administrativas necesarias para corregirlo y evitar que siga creciendo la deuda. Pero el Gobierno hizo, exactamente, lo mismo que los anteriores: quejarse de la inflexibilidad presupuestaria sin presentar ninguna reforma estructural para variar la composición del gasto. En términos pedestres, es patear la bola para adelante.

El artículo agrega que hemos pasado por alto los esfuerzos desplegados para reducir partidas superfluas, como viajes al exterior, consultorías, publicidad y propaganda. No es así. No los hemos pasado por alto. Simplemente, consideramos que los esfuerzos no han sido suficientes. La prueba irrefutable es que el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se discute el proyecto de presupuesto, encontró exageradas partidas de viajes al exterior, publicidad, horas extras y consultorías que, sin duda, escaparon al ojo avizor de las autoridades de Hacienda. Pero eso no es lo más decepcionante. Lo peor es que el propio presidente de la República reaccionó enfadado por el esfuerzo de la Comisión de Hacendarios para recortar esas partidas, incluyendo la eliminación de plazas del Gobierno Central.

Esa actitud proclive al gasto, contraria a la parsimonia que las circunstancias exigen, nos recuerda la discusión que, por ese mismo tema, sostuvimos con el presidente Rodrigo Carazo, hace ya varias décadas. Don Rodrigo sostenía que era imposible rebajar el gasto por el posible deterioro de los servicios públicos y el daño a la población, sobre todo a los más pobres. Nosotros sosteníamos que, para evitar una crisis, había que rebajar el gasto público deficitario. Él no nos atendió. Insistió en su prodigalidad fiscal (financiada con emisión monetaria del Banco Central, que, afortunadamente, no es el caso actual) y precipitó la crisis. Los resultados todos los conocemos. Precisamente, los más pobres resultaron los más perjudicados. El Gobierno actual todavía está a tiempo de evitar una crisis de serias consecuencias. Pero debe reconocer con humildad que se equivocó en el diagnóstico y reorientar completamente su política fiscal.