EscucharGermán Marín, director de la Policía de Tránsito entre el 2006 y el 2010, asume nuevamente el cargo con el propósito de reducir las muertes en carretera. La prioridad de la vida humana es indudable, pero el país debe aspirar a más. La calidad de la vida también es importante, y el caos vehicular, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, la afecta significativamente.
Bien llevada, la revisión técnica vehicular es una contribución de enorme importancia, pero el control cesa una vez obtenida la aprobación de Riteve. Las modificaciones ilegales, la devolución de las llantas nuevas al amigo para reponer las gastadas, entre otras trampas y vivezas, se hacen después, con los permisos de circulación en mano.
La instalación de roncadores para darse la ilusión de manejar un auto de la Fórmula Uno o las alteraciones destinadas a convertir la carcacha en bólido, hacen de las vías un concierto de estruendos y dañan la calidad del aire, sobre todo en las zonas de alta densidad poblacional.
La recuperación de las ciudades para uso residencial, un objetivo pregonado en todos los niveles de la administración pública, será difícil mientras no ofrezcan la calidad de vida esperada, y la simple aplicación de la ley de tránsito haría una contribución de valor inestimable.
En cualquier esquina transitada, el observador puede atestiguar, en poco tiempo, atroces violaciones a la ley, más allá del irrespeto a las señales o los límites de velocidad. Con solo escuchar los motores o ver el tubo de escape, el ciudadano común puede identificar, sin esfuerzo, el descarado irrespeto a las normas.
El congestionamiento vial se une a la contaminación sónica y del aire para atentar contra la calidad de vida en las ciudades. Ese tercer factor también está relacionado con la inobservancia de la ley. Nuestras estrechas calles y el crecimiento de la flota vehicular causarán siempre un grado de congestionamiento, pero mucho podría aliviarse si no hubiera vehículos mal estacionados o conductores atrapados bajo los semáforos por la inaceptable costumbre de avanzar unos metros más cuando la luz amarilla invita a detenerse para no cerrar el paso en el cruce de vías.
El país esperó años la aprobación de una ley de tránsito con severidad suficiente para disuadir a los conductores empeñados en preservar las malas prácticas, pero ninguna sanción es eficaz si realmente no se aplica.
El rigor del castigo importa menos que su certeza y en Costa Rica la razonable expectativa de impunidad conspira contra el orden. Un vehículo con roncador es un reto descarado a la autoridad cuya única explicación es la improbabilidad de la sanción.
La aplicación de la ley exige suficiencia de oficiales y equipos de medición. El nuevo director de la Policía de Tránsito reconoce la escasez de ambos, es decir, de medios indispensable para salvar a la normativa de la condición de letra muerta. Hay 930 oficiales para vigilar la totalidad del territorio nacional. Trabajan por turnos, se enferman, toman vacaciones y algunos se dedican a las necesarias funciones administrativas. A cualquier hora del día o de la noche, solo un puñado de agentes está disponible, pocos para la magnitud de la tarea.
Por eso, los oficiales habilitados se dedican a atender accidentes y descongestionar las vías en horas pico, además de vigilar las carreteras donde ocurre la mayor parte de las muertes. Germán Marín dice tener la intención de fortalecer los operativos para sancionar y prevenir. Es un buen propósito, pero los medios no lo acompañan. El funcionario estima en 2.000 el número de oficiales necesario para cumplir a cabalidad.
Tantas nuevas plazas, en momentos de estrechez fiscal, parecen una aspiración desbordada, pero la importancia de la Policía de Tránsito, una verdadera cenicienta entre los cuerpos de seguridad nacionales, crece con el desarrollo urbano y constituye un puntal necesario para la calidad de vida. Una revisión de la asignación de recursos en otras dependencias y la posibilidad de trasladar algunas de las nuevas plazas policiales a la Dirección de Tránsito podrían ayudar a elevar el número de oficiales que, además, producen ingresos por medio de las multas.
