Una crisis aún sin salida

Este desenlace puntual, sin embargo, ha sido apenas un respiro momentáneo, porque el flujo migratorio desde Cuba se mantiene. Al momento, se calcula que se han acumulado 3.500 migrantes en suelo de Panamá, y ni nuestro vecino ni Costa Rica tenemos la capacidad de brindarles atención; menos de detener la ola, por una simple razón: sus móviles están en otras partes y, mientras se mantengan activos, la crisis continuará o empeorará. Como dijo el canciller, Manuel González, en una entrevista con La Nación: “El problema estructural persiste, y en la medida en que no sea abordado por todos los países esta situación se va a seguir presentando”.

Lamentablemente, el alto funcionario solo mencionó una de esas causas estructurales: la llamada Ley de Ajuste Cubano, que desde 1966 acoge a toda persona de esa nacionalidad que ponga pie en territorio estadounidense. Se trata de un remanente ya nada justificado de otra época, cuando el enfrentamiento entre Washington y La Habana era agudo, la represión en la isla estaba en uno de sus puntos más altos y muy pocos cubanos podían salir del país. Hoy, el régimen castrista no solo permite, sino que estimula, la emigración, como válvula para liberar presión; la mencionada ley actúa como atracción, y Ecuador, con su política indiscriminada de concesión de visas, se ha convertido en el punto de inicio de una ruta terrestre por Centroamérica y México, hasta la frontera de Estados Unidos.

La Ley de Ajuste Cubano debería eliminarse, y es algo con lo que coinciden varios legisladores de ese país. Sin embargo, no desaparecerá antes de las elecciones de noviembre. Entretanto, la expectativa de que se derogue más bien ha atizado el furor migratorio. Pero si bien tal legislación es un poderoso imán, el gran impulso para abandonar Cuba proviene de la combinación entre sus paupérrimas condiciones de vida, el ahogo de los derechos civiles y el cinismo del gobierno que, tras inducir a que más gente salga, desconoce olímpicamente sus deberes. A esto se añade, por supuesto, la facilidad de traslado a Ecuador y el apoyo económico de familiares en Estados Unidos para que sus seres queridos abandonen la isla.

Lo anterior quiere decir que de nada valdrá concentrarse solo en denunciar la Ley de Ajuste Cubano, como hizo el canciller el miércoles, si, a la vez, no se ejerce una presión mucho más fuerte sobre Cuba y Ecuador para que, al menos, tomen medidas de contención que eviten el flujo masivo. Resulta muy sintomático que en la reunión de los países involucrados, convocada por Costa Rica y celebrada en San José el martes, brillaran por su ausencia los representantes cubanos y también los nicaragüenses. Esto revela el enorme desdén del gobierno castrista por su responsabilidad en la crisis y, peor aún, por la suerte de sus conciudadanos, a los que probablemente ya ha clasificado como enemigos. En cuanto a Ecuador, solo ha subido de $100 a $400 la tarifa para obtener visa en La Habana y ha introducido algunos trámites burocráticos adicionales, pero nada más.

Si por ahora la Ley de Ajuste Cubano no será derogada, si su eventual desaparición estimula las salidas de la isla, si la situación en ella no tiene ningún viso de mejorar, si su régimen mantiene una actitud oportunista y el gobierno ecuatoriano su complicidad, el flujo migratorio no podrá ser detenido. En estas circunstancias, solo caben dos tipos de acciones realistas, y que deben ser simultáneas: por un lado, mantener las presiones para al menos atemperar todas las causas estructurales; por otro, devolver a los migrantes a su origen. Esta última es una medida en extremo drástica y humanamente muy costosa y dudosa, dada la suerte que les aguardará en Cuba. Por esto, habrá que manejarla con extremo cuidado, pero ni Costa Rica ni Panamá podemos darnos el lujo de que la burbuja siga creciendo y llegue a explotar con funestas consecuencias.