Editorial: La culpa es del ICE

En el comunicado emitido antier para anunciar la probabilidad de racionamientos, el ICE achaca la aceleración del agotamiento de las reservas hídricas nacionales al incumplimiento de los proveedores de las plantas alquiladas, pero no dio detalles. El 19 de marzo, también sin profundizar en los motivos, la institución admitió el retraso en la ejecución del plan, lo atribuyó a razones ajenas a su gestión y dijo estar evaluando la apertura de un procedimiento sancionatorio de conformidad con la Ley General de Contratación Pública y lo dispuesto en el pliego de condiciones del alquiler.

Materializado el perjuicio, resulta inaceptable excusarse con un simple “nos quedaron mal”. Ese argumento funciona para la entrega tardía de un auto en el taller de reparaciones o la visita fallida de un técnico en electrodomésticos, pero no para una contratación de hasta $140 millones de la cual depende la electricidad de todo un país.

El ICE debe hacer pública toda la documentación relacionada con el contrato, incluidas las gestiones internas de verificación y estudio de los atestados de los oferentes. Corre por cuenta de la administración constatar la seriedad, solvencia y experiencia del contratista. También le corresponde asegurar las garantías de cumplimiento y ejecutarlas con diligencia. El agotamiento de las reservas hídricas y la posibilidad del racionamiento son motivos de sobra para iniciar el reclamo y establecer responsabilidades en lo interno de la institución.

Pero el incumplimiento del contratista no es la única causa del agotamiento de las reservas hídricas. En el 2022, el ICE exportó electricidad a Centroamérica para apuntalar sus resultados financieros y así mostrar los efectos de una nueva y eficiente administración. El país quedó a las puertas del desabastecimiento, y ahora ni siquiera es posible comprar el faltante en el Mercado Eléctrico Regional (MER) porque la sequía afecta a todo el Istmo. No hay cómo importar, aun a precios mayores de los cobrados por mandar al extranjero las aguas del Arenal transformadas en energía.

La conducta del ICE en el 2022 es fácil de explicar. La institución subestimó la demanda y sobreestimó la capacidad de generación al punto de anunciar, por boca de su presidente ejecutivo Marco Acuña, la venta de sus plantas térmicas por considerarlas innecesarias, aunque producen el mismo tipo de energía cara y sucia contratada en el extranjero, a la vuelta de año y medio, a los proveedores incumplidos.

El ICE sobreestimó sus capacidades al punto de condenar a las chatarreras nueve plantas privadas, cerradas desde la expiración de sus contratos en el 2020. Tienen 60 megavatios de potencia de generación instalada y están valoradas en $47 millones. Otras cinco plantas quedaron expuestas a la misma suerte, a más tardar en el 2025. Por suprema ironía, el ICE les dificultó siquiera exportar a Centroamérica la electricidad que ahora nuestro país necesita con premura.

Durante la administración pasada, el ICE se encargó, además, de entorpecer la aprobación de la ley de generación distribuida para permitir a los particulares producir energía limpia para su propio consumo e inyectar parte del excedente a la red nacional a cambio de créditos aplicables cuando necesiten utilizar energía de esa misma red. En esta administración, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, subsidiaria del ICE, llegó a cobrar hasta un 400 % más a los clientes con paneles solares.

Mientras todo eso ocurría, nadie dudaba de la inminencia de un nuevo ciclo de El Niño ni de la progresión del cambio climático, un fenómeno más permanente. Como lo señalamos en otra oportunidad, el ICE electrificó al país y extendió las telecomunicaciones a todos los puntos de la geografía nacional. Lo logró gracias a un puñado de visionarios. Las circunstancias de hoy demandan otra visión y los méritos del pasado no deben nublar la vista de las exigencias futuras.