Editorial: Transparentes incongruencias

Para hacerse merecedor del voto de los costarricenses, el mandatario respaldó la frase con una promesa inequívoca: renunciaría a “andar hablando cositas en secreto” y el mismísimo Consejo de Gobierno se celebraría a vista de todos, con audio y video para grabar las incidencias.

El extremo compromiso con la transparencia fue caballo de batalla del candidato del Partido Progreso Social Democrático y una lanza en ristre contra los adversarios. La promesa se alinea con una ley vigente desde el 11 de noviembre para obligar a todos los órganos colegiados del Estado a hacer transcripciones literales, archivos de audio y videos de sus sesiones.

Ni la promesa ni la ley se cumplieron jamás. Por el contrario, la actual administración es una de las más opacas en los últimos años y las actas del Consejo de Gobierno revelan mucho menos de lo usual sobre los asuntos tratados. Otros cuerpos colegiados siguen el sendero marcado por el Consejo y se niegan a proporcionar siquiera las actas, para no hablar de videos y grabaciones de sonido.

En noviembre, el mandatario anunció al país su arrepentimiento por la promesa formulada y explicó que “solo los ríos y los tontos no se devuelven”. La Casa Presidencial hizo el esfuerzo de interpretar la nueva ley como inaplicable al Consejo de Gobierno porque no derogó el artículo donde se establece el secreto de las sesiones, salvo decisión en contrario del presidente.

El argumento es discutible, porque la obligación de publicidad se establece en una ley posterior, pero hay razones atendibles para reservar al menos parte de las discusiones del Consejo de Gobierno, donde el examen de las políticas, ideas y estrategias debe darse con amplia libertad.

El presidente presentó su cambio de opinión como una muestra de “flexibilidad y sinceridad”, pero es difícil aplicar esos adjetivos a la migración hacia el extremo opuesto, con la pretensión de reprimir penalmente un registro preservado por su exministra de Comunicación. Pasar de la promesa de no “andar hablando con su equipo cositas en secreto, como hacen otros”, a perseguir a quien transparente una conversación sobre asuntos de Gobierno por temor a una anomalía, es un salto demasiado largo.

También sobresale la contradicción entre la persecución de la exministra y la promesa de crear un sistema de incentivos para los denunciantes con el objeto de combatir la corrupción. La fracción legislativa de gobierno presentó el proyecto, pero, como otros impulsados por la administración, adolece de defectos y suscita objeciones. No obstante, también fue caballo de batalla a lo largo de la campaña.

La acción emprendida contra la exministra no es un incentivo a denunciar. Por el contrario, envía el mensaje al resto de los funcionarios sobre la conveniencia de no hacerlo. Para ser coherente con sus planteamientos, al gobierno le bastaba con demostrar la probidad de la conversación recogida en las grabaciones.

Así se habría mantenido fiel a la promesa inicial de transparencia, si bien moderada por la preservación de una amplia latitud para las discusiones en el Consejo de Gobierno, y habría reafirmado su compromiso con el estímulo de la denuncia. Los audios, por otra parte, se habrían constituido en prueba de buenos propósitos.