Editorial: Tropiezo del sector de la vivienda

La contralora no discute la necesidad de mejorar la coordinación, eliminar las duplicidades y reducir la burocracia. Sobre eso hay consenso desde el planteamiento inicial de la fusión, formulado hace poco menos de una década e impulsado en las postrimerías de la administración Alvarado. No obstante, dice Acosta, la ley enviada por el Ejecutivo al Congreso tiene el efecto contrario.

La iniciativa aumenta la burocracia e implica serios riesgos financieros, solo para comenzar, porque el estudio revela un inventario de por lo menos 15 errores capaces de dar al traste con toda aspiración de enfrentar el problema habitacional. Así se explica el llamado a desechar el proyecto en lugar de hacer esfuerzos por enmendarlo.

Con ese diagnóstico, el camino de la Asamblea Legislativa está marcado. Las dificultades del sector de la vivienda no son producto de la actual administración. Esa es razón de más para encontrarles solución sin demora. Las autoridades lo saben. Por eso asombra el descuido del planteamiento, al punto de hacerse necesario identificar a los responsables y actuar en consecuencia.

La gravedad de los errores es impensable. Sin proponérselo, el proyecto de ley deroga el impuesto sobre las casas de lujo, creado precisamente para financiar vivienda popular, aunque la mala recaudación limita su eficacia. Luego, sin ningún sentido, propone un aumento en las escalas de aplicación del tributo. El mismo asombro causa la eliminación del marco legal de las mutuales de ahorro y crédito y la desaparición del sistema de ahorro y préstamo del INVU. Capítulo aparte merece la extinción de los bonos de vivienda.

Si el texto saliera adelante en la Asamblea Legislativa, la creación del llamado Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihábitat) terminaría por sembrar devastación en el sector. El daño, en buena parte, no sería intencionado, lo cual, según se vea, agrava las dimensiones del descuido.

La reforma, dice la Contraloría, se centra en la institución y no en mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Las dudas sobre la continuidad de los programas de vivienda existentes en la actualidad “podrían generar mayor insatisfacción”, de la cual ya hay suficiente en el debilitado sector.

El proyecto no ofrece certeza del correcto uso de los recursos públicos, es impreciso sobre el destino de los fondos girados al nuevo ministerio y no fija con claridad las prioridades. En la actualidad, esos fondos superan los ¢281.000 millones y resultan insuficientes. Considerando el monto, la urgencia de su destino y la supuesta especialización de los redactores, los yerros del proyecto son inexplicables, aunque encajan en el patrón que viene dejando al gobierno sin agenda legislativa propia.

Un cacareado proyecto de ley contra la corrupción terminó en la cuneta por su cruda copia de disposiciones ya existentes en la ley. La idea de vender el Banco de Costa Rica ni siquiera dio pie a debate cuando hasta los defensores de la medida rehusaron respaldar el plan por sus evidentes deficiencias. La reorganización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes debió ser replanteada. Ahí no termina la lista de ejemplos, pero lo sucedido en el sector de la vivienda llama especialmente la atención por el calibre de la reforma, por su urgencia y por el aumento de las necesidades en un campo vital para la calidad de vida y la estabilidad social.