EscucharCon la entrada en vigencia, el miércoles 24 de diciembre, del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), al fin la humanidad cuenta con un instrumento robusto y jurídicamente vinculante para transparentar y regular la transferencia internacional de armas convencionales. Se trata de un verdadero hito universal, en cuya gestación nuestro país fue determinante. Como amantes de la paz y uno de los protagonistas de este logro, sobran razones para sentirnos orgullosos y satisfechos; a la vez, persiste una imperiosa necesidad de que sigamos trabajando para que alcance vigencia universal y se implemente con determinación.
El TCA fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril del 2013, con 154 votos a favor, 23 abstenciones, 13 ausencias y solo tres países en contra (Corea del Norte, Irán y Siria). A finales de setiembre pasado, alcanzó las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigencia 90 días después. A la fecha, 136 países lo han firmado, 60 lo han ratificado y su número sigue en ascenso, paulatinamente. Costa Rica fue el quinto país del mundo y el primero de América Latina en hacerlo, por votación unánime de la Asamblea Legislativa, y, el 25 de setiembre del 2013, la presidenta Laura Chinchilla depositó su texto en la ONU.
El ímpetu con que ha avanzado el documento es esperanzador; sin embargo, como su aplicación solo alcanza a los países que lo han ratificado, por ahora tiene un alcance limitado. Estados Unidos, Rusia y China, los tres mayores productores de armas del mundo, están fuera de sus obligaciones. Aunque el Gobierno estadounidense lo apoyó, votó a favor y firmó, no lo ha enviado al Senado, donde su ratificación se ve en extremo difícil, sobre todo con una mayoría republicana a partir de enero. Los rusos y chinos, al igual que la India, ni siquiera lo apoyaron en la ONU, por lo cual están aún más lejos de una posible incorporación. En cambio, Alemania, Francia y el Reino Unido, los otros tres mayores exportadores de armamentos del mundo, ya forman parte del Tratado.
Lo anterior revela la necesidad de intensificar la campaña para que el instrumento sea adoptado plenamente por la mayoría de los países –sobre todo, los exportadores de armamentos–, se acerque a su vigencia universal y, de este modo, crezca la presión sobre las potencias fuera de él para que acepten su jurisdicción.
El TCA no pretende prohibir de forma general el comercio de armas convencionales, sino regularlo mediante “normas internacionales lo más estrictas posibles” y, de este modo, “prevenir y eliminar” su tráfico ilícito y desvío. Sí prohíbe las transferencias, si estas violan disposiciones del Consejo de Seguridad de la ONU o de acuerdos internacionales de los que sea parte un Estado exportador, y si este tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes y personas civiles, y otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales” de los que sea parte dicho Estado.
Su entrada en vigencia no tendrá impacto inmediato sobre los conflictos que plagan al mundo; sin embargo, su efecto acumulativo será determinante para controlar su expansión, evitar las muertes de miles de civiles inocentes y, como dice su texto, “reducir el sufrimiento humano”. Este es, en última instancia, el objetivo que debemos perseguir.
La participación de nuestro país en el proceso que ha conducido a la entrada en vigencia del TCA se remonta a 1995. En ese año, el expresidente Óscar Arias, a partir de una iniciativa de Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, logró que varios galardonados con el Premio Nobel de la Paz plantearan la necesidad de un código internacional de conducta sobre la transferencia de armas convencionales. A partir de entonces, Costa Rica, junto a otros países aliados, asumió un gran liderazgo en el proceso hacia el Tratado, que fue particularmente intenso durante el anterior Gobierno.
Nuestra participación en los intensos esfuerzos que condujeron primero a su negociación, luego a su aprobación y ahora a su entrada en vigencia, refleja el compromiso nacional con la paz, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Su vigencia universal demandará más trabajo intenso y sistemático. Costa Rica debe seguir aportándolo.
