En los últimos 20 años, el sobrepeso en la población costarricense aumentó del 46% a un 62%, lo que nos coloca en el umbral de los países latinoamericanos más obesos y con cifras preocupantes entre los menores de edad. El 21,4% de los niños de 5 a 12 años presenta esta condición. Es una de las mayores cifras del continente, a causa de compartir pautas nutricionales poco saludables y difíciles de erradicar cuyas consecuencias persistirán en la edad adulta.
Un estudio del Instituto de Demografía y Epidemiología de la Universidad de Washington, que puede consultarse en www.healthdata.org y en La Nación, concluye que la mitad de las enfermedades que sufren los costarricenses están asociadas a la dieta y a hábitos de vida dañinos, como el consumo de tabaco y de alcohol y el sedentarismo.
De los diez factores de riesgo analizados en el informe, divulgado por la revista The Lancet, el más importante es el sobrepeso, pero todos desempeñan un papel relevante en la proliferación de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatías y cáncer, que en conjunto le restan un promedio de diez años de vida a la población nacional.
Si se lograra controlar o al menos retardar estos factores, también disminuirían los padecimientos crónicos, que anualmente le cuestan a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cinco millones de colones por paciente. La frecuencia de estos males, que son los más incapacitantes y costosos de tratar, se ha disparado a niveles alarmantes, al punto que cada hora se detecta un nuevo enfermo de cáncer en nuestro país.
La epidemia mundial de obesidad es, en buena parte, el resultado de la invasión de alimentos procesados y bebidas carbonatadas, cuyas ventas aumentaron en un 48% en los últimos 13 años, en Latinoamérica. El índice Sugary Drink Facts 2014, de la Universidad de Connecticut, demostró que los niños de esta región, entre ellos los costarricenses, son los más propensos en el mundo al abuso de gaseosas y aguas azucaradas, tanto en el ámbito familiar como escolar.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha alertado con frecuencia sobre esta tendencia en Latinoamérica, sacudió a la opinión pública internacional con un informe en que califica la ingestión de carne procesada, como salchichas y tocino, como “carcinógena para humanos”, y la de carne roja como “carcinógena probable”.
La entidad matizó la advertencia al decir que no pretende eliminar el consumo de carne sino moderarlo y reiterar la importancia de las conclusiones que ya planteó en el documento Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas (2002), al propugnar por una alimentación equilibrada, basada en vegetales, verduras y frutas, como defensa contra el cáncer y su preocupante proliferación en países de ingresos medios –como el nuestro– y altos.
Costa Rica aprobó hace tres años una excelente herramienta de orientación y regulación de la oferta alimenticia que reciben los niños y jóvenes, el Reglamento de sodas escolares, que debe ser parte sustancial de una política pública de estímulo a hábitos de vida saludables y salud preventiva.
Sin embargo, como a menudo sucede con las buenas ideas en nuestro país, los resultados del programa no se han examinado ni se establecieron criterios periódicos de evaluación. Hasta agosto pasado, cuando se inició la verificación, los ministerios de Educación Pública (MEP) y de Salud desconocían el porcentaje de sodas que utilizaban el reglamento y la calidad del menú que suministraban. Además, tras el inicio del plan, se descuidó la inducción y capacitación de los funcionarios que intervienen en la elaboración de los alimentos, lo cual es un elemento clave para su éxito.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reconocido que la ingestión de frutas y legumbres en las sodas escolares de Costa Rica es mayor que en otros países, pero también advirtió que el consumo de comida rápida se duplicó desde el 2000 en la región y persiste la predilección por alimentos procesados de alto contenido calórico y escaso o nulo valor nutritivo.
Costa Rica es el país más longevo de Latinoamérica, y por tanto, es el que afronta un reto mayor en cuanto al impacto de las enfermedades crónicas, tanto en la economía como en la calidad de vida. Aunque a menudo la CCSS repite que “más vale prevenir que curar”, como sociedad seguimos haciendo lo contrario.