EscucharEl 29 del mes pasado, tras seis años de juicios, entrabamientos y cuestionamientos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) logró completar y conectar los últimos 32 kilómetros de cable –de un total de 1.790– que componen el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (Siepac). Aunque este lamentable retraso no había impedido que el Mercado Eléctrico Regional comenzara a funcionar, su finalización permitirá que trabaje a plenitud.
La red tiene, por ahora, una capacidad de transacción de 300 megavatios (MW) y la integran Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que se espera que aumente en el futuro. Su operación, que ya ha traído grandes beneficios en términos de disponibilidad y tarifas eléctricas, tendrá un impacto aún más positivo tan pronto se dé el siguiente paso del proyecto: conectarlo con México y Colombia, lo cual nos insertará en los enormes mercados eléctricos de Norte y Sudamérica.
El cuello de botella nacional que nos retrasó cinco años en relación con el resto, se originó en un mal de sobra conocido: la disfuncional maraña de regulaciones, débil gestión, excesiva lentitud burocrática y legislación desfasada que afectan la construcción de obra pública. De hecho, los mayores retrasos los produjeron una serie de juicios interpuestos con motivo de las servidumbres y expropiaciones requeridas.
En vista de esta realidad, no solo debemos felicitarnos, como país, por la apertura oficial del Siepac, sino por una decisión de gran trascendencia tomada, pocos días después, por la Asamblea Legislativa. Se trata de la aprobación en primer debate, el martes 14 recién pasado, de un proyecto de ley que permitirá al Estado ocupar los terrenos que se requieran para realizar obra pública, apenas 15 días después de depositar a sus propietarios el monto del avalúo. En el caso de viviendas, el plazo se extenderá a dos meses.
Esta reforma, que durmió en la corriente legislativa durante varios años, bajo ninguna circunstancia deja indefensos a los dueños de propiedades. Como ocurre ahora, podrán disputar el monto asignado y, en última instancia, los tribunales decidirán al respecto. Lo que sí hace es eliminar el enorme costo para el conjunto de la sociedad que antes significaba continuar en posesión del inmueble hasta que se fallaran los casos, lo cual conducía a la paralización de los proyectos. Ahora, estas podrán continuar. No exageró el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuando calificó la decisión como un “paso gigantesco” para la construcción de obra pública.
Si algún problema afecta nuestro desarrollo económico son las deficiencias de infraestructura, que generan enormes molestias en los usuarios, encarecen los costos de producción y, por ende, nos restan competitividad. Por ejemplo, en el más reciente Informe sobre Competitividad, del Foro Económico Mundial, ocupamos el puesto 51 entre 141 países, un buen lugar, sin duda. En inversión extranjera directa y transferencia de tecnología saltamos al quinto lugar, pero, en calidad de puertos y carreteras, nos hundimos en el 115 y 119, respectivamente.
La reforma a las expropiaciones no resolverá nuestro trágico retraso en infraestructura, pero sí facilitará la realización de los proyectos.
La interconexión eléctrica no será una panacea generalizada, pero, al menos, cumplirá dos funciones básicas: servir como un referente de precios para medir de una manera más objetiva la eficiencia y costos de la generación local, y dar mucha mayor flexibilidad y seguridad en la selección de proveedores.
Si, además de sus efectos directos, ambos hechos sirvieran también de acicate para emprender otros cambios, agilizar otras decisiones y generar mayor dinamismo y eficiencia en nuestra economía, los beneficios serían aún mayores.
