EscucharHace años, un buen amigo ganó una curul en la Asamblea Legislativa y, casi de inmediato, acometió la tarea de introducir reformas para limitar la publicación de encuestas en los días previos a las elecciones. Siempre critiqué la iniciativa, basándome en su incompatibilidad con la libertad de expresión.
Él, con una sólida formación adquirida en La Sorbona, se atrincheraba en la vigencia de disposiciones similares en la legislación francesa.
Nunca se le ocurrieron medidas tan lesivas para la libertad de expresión como las que ahora se discuten en el Congreso, pero sus propuestas bastaban para alimentar nuestro desacuerdo.
El amigo es dueño de un intelecto poderoso, bien ejercitado en las lides académicas. Se reconocerá a sí mismo en esta columna, pero no creo que le moleste verse calificado de vehemente.
Pasados un par de años, un periodista francés publicó una encuesta electoral dentro del periodo de veda y acudió puntual a la inevitable cita con el Tribunal Correccional de París, donde dejaron caer sobre sus hombros todo el peso de la ley.
El sentenciado llevó el caso hasta la respetada Corte de Casación francesa, donde alegó la incompatibilidad de la prohibición con el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, cuya redacción es casi idéntica a la del artículo 13 de la Convención Americana, vigente en Costa Rica desde hace muchos años. La Corte de Casación anuló la sentencia y dejó la ley en letra muerta .
El 4 de setiembre del 2001, los magistrados dijeron: “Considerando que impiden la publicación, difusión y comentario, por el medio que sea, de todo sondeo de opinión en relación con uno de los comicios aludidos por el artículo primero de la ley del 19 de julio de 1977, los textos en que se fundamenta el procesamiento instauran una restricción a la libertad de recibir y de comunicar informaciones que no es necesaria para la protección de los intereses legítimos enumerados por el artículo 10.2 de la Convención bajo estudio, y en tanto son incompatibles con esas disposiciones convencionales, no pueden servir de fundamento para una condena penal”.
La sentencia cerró un portillo, pero los legisladores franceses no cesan en el empeño de abrir otros, similares a los que pretenden los nuestros. Francia nunca estuvo en la vanguardia del desarrollo de la libertad de expresión en el último siglo.
