La gestión y administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está determinada por intereses político-electorales, y no por los del usuario que la sostiene con sus cotizaciones. Así sucede en todas las instituciones del mundo en las que los ciudadanos delegan su dirección y el manejo de recursos a sus representantes políticos.
Desafortunadamente, la infiltración política de la CCSS ha alcanzado los niveles de decisión técnica: desde altos funcionarios “de confianza”, incluyendo a los miles de burócratas nombrados por sus mentores partidarios, hasta representantes y representados profesionales y gremiales; cada uno con sus intereses y prebendas bien resguardados, divorciados de la verdadera misión institucional y de la excelencia técnica necesaria para llevarla a cabo.
Al político-funcionario le interesa la popularidad, no la eficiencia ni la excelencia. Le interesa figurar, no las necesidades reales de la gente. Las deficiencias en la capacitación y actualización de los médicos generales (que tanto se ha criticado, a pesar de que existen propuestas concretas para su mejoramiento, pero que ninguna autoridad aborda), la pobre resolución de problemas de complejidad media, las múltiples falencias logísticas y los errores en diagnósticos inducen a la población a exigir mejor atención.
Muñidos con el fomento de la policonsulta y la polifarmacia, ante las graves falencias que comienzan vergonzosamente en la fila para conseguir una cita a las 4 a. m., los político-funcionarios sacaron su as bajo la manga y repartieron médicos mejor calificados, aun cuando varios de ellos no podrán resolver mucho, por carencias en los recursos logísticos necesarios para proveer servicios que produzcan resultados medibles en la salud de la población.
Cualquier ciudadano premiará entonces con su voto al candidato que le provea de un médico más capacitado para su comunidad, que tantas necesidades reales tiene.
Falencias. En los países avanzados, cuanto más compleja y costosa sea una práctica especializada (por ejemplo, los trasplantes), es mayor su centralización, estrechamente ligada a programas preventivos y de referencias de alcance nacional, basados en criterios técnicos, sin motivación mediática ni política. A partir de la adquisición de experiencia del equipo profesional y el buen uso de los recursos humanos y logísticos, logran resultados óptimos.
En cambio, en la CCSS no están bien delimitadas las competencias y las tareas asistenciales que un médico especialista debe cumplir; de hecho, muchos, incluyendo a los médicos residentes en proceso de especialización, realizan actualmente labores que por demagogia o desinterés de quienes dirigen deberían resolverse desde la atención primaria. Sus consecuencias son anquilosamiento, pobre experiencia del servicio especializado y formación deficiente de los nuevos especialistas.
Por otro lado, en hospitales denominados de “clase A”, existe duplicación y hasta triplicación de algunos servicios de complejidad, algunos con sus respectivos presupuestos y otros sin ellos, y tal vez ninguno con prácticas protocolizadas ni evaluación de sus resultados. Muchos tienen profesionales que laboran gratis hasta la madrugada; otros, oportunistas que se hacen retratar por los medios de comunicación cada vez que los primeros realizan una proeza médica políticamente rentable.
No existen datos independientes, basados en estudios de investigación, que sustenten cuántos especialistas son necesarios por región o provincia, ni que evalúen el costo-beneficio de trasladar, o bien, de atender en su lugar de residencia a los pacientes que requieran este tipo de atenciones, tomando en cuenta los viáticos, gasolina, compra de servicios, tiempo extraordinario e incapacidades que la CCSS invierte en ello.
El asunto debería abordarse desde un punto de vista técnico-financiero, sustentándose en estudios realizados por instituciones independientes, como la Universidad de Costa Rica, y no por los mismos funcionarios responsables de las carencias institucionales que sufre hoy la población día a día.
El autor es médico.