Otorgar financiamiento con capital semilla para poner en marcha a las pymes y estimular los encadenamientos regionales, es una necesidad que no puede retardarse más en nuestro país. Impulsar el sector tradicional, generar empleo e ingreso en las regiones y territorios donde la pobreza se ha estancado, así lo demandan.
Son muchos los centenares de millones de colones que estuvieron congelados durante las últimas dos administraciones y que ahora pueden fluir a los emprendedores, tanto para invertir en capital semilla como para otorgar créditos que respondan a las nuevas necesidades y posibilidades tecnológicas y territoriales.
La aprobación de la Ley de Banca para el Desarrollo es, en este sentido, una gran oportunidad y debe ser aprovechada, pero podría convertirse en una amenaza si no se aplican criterios de medición y evaluación orientados por las mejores prácticas, no por influencias políticas. El clientelismo es un componente vivo, inserto en nuestra realidad institucional que hace uso de los recursos públicos para gestar liderazgos y subordinar las organizaciones de base.
Desde esta posición de poder, distorsiona, en ausencia de mediciones y evaluaciones, el quehacer técnico y corrompe los resultados y la verdadera participación, de tal manera que carcome el capital social.
No es la primera vez que esto sucede y registra resultados catastróficos para los bienes públicos. En este sentido, los encargados de administrar la Banca para el Desarrollo deberán tomar sus decisiones con transparencia, midiendo resultados según grupos atendidos, no por opiniones ni por recomendaciones de las cúpulas que pelean posiciones. Tampoco deberán amarrarse a rígidos criterios tecnocráticos que solo visualizan las empresas del sector moderno.
Prueba de la verdad. Existe una gama importante de instituciones y ONG que han trabajado en la elaboración de perfiles de proyectos e ideas de negocios, y todas afirman tener el mejor producto. Bueno, pues esta es la ocasión para someter a prueba, con gran transparencia, esos productos, según tipo de empresa y sector social.
Este mecanismo permitiría hacer a un lado las apreciaciones subjetivas interesadas, desarrollar el conocimiento y aprender de las mejores prácticas, así como enrumbar el financiamiento y el crédito por caminos seguros. El desarrollo de pymes y encadenamientos que abran la puerta a la economía solidaria es un proceso que va de lo simple a lo complejo; de la alfabetización empresarial básica para generar ingresos, ahí donde existe estancamiento del empleo, a la eliminación de requisitos a empresas tecnológicas que están siendo obligadas a trasladarse a otros países con mayor visión y flexibilidad.
Requiere, si se desea incorporar al sector tradicional y dinamizarlo, verlo como parte de un contínuum, donde las mejores prácticas y los resultados marcan el camino.
La medición y evaluación son imprescindibles para romper la inercia institucional, apegada a normas y procedimientos poco flexibles, y generar condiciones para un proceso de renovación y ajuste institucional, que restrinja el tutelaje burocrático paralizante de las iniciativas y promueva las capacidades y la organización autónoma de los emprendedores.
Riqueza nacional. Nuestra principal riqueza es la gente, la acción institucional debe dirigirse al desarrollo de sus capacidades, no a la suplantación de sus iniciativas, sino al apoderamiento de sus proyectos con apoyo técnico, desde su elaboración. La capacidad de organización es el fundamento del progreso. La población adulta requiere capacidades técnicas, pero acompañadas de autonomía real para poder capacitarse y poner en marcha sus emprendimientos. Solo cuando el proceso surge de la necesidad, desde el reconocimiento de su propio medio, y se dan los pasos técnicos en la elaboración y organización, las empresas florecen.
No hay que tener temor a la masividad de los procesos, si se evalúan progresivamente los resultados de forma permanente y transparente y se actúa acumulativamente.
“Despacio porque precisa” debe ser el lema que permita tomar velocidad con éxito. Las necesidades del desarrollo exigen medidas y políticas nacionales y territoriales de grandes alcances, lo que debe evitarse a toda costa es la improvisación y el oportunismo clientelista que busca, como siempre, hacer “mesa gallega” con los recursos públicos.
El autor es sociólogo.