EscucharLa Resolución Alterna de Conflictos (Ley RAC que regula el arbitraje) es un servicio de justicia privada administrada en centros privados por abogados que temporalmente dejan de lado su práctica privada para resolver como jueces diferencias patrimoniales y comerciales frecuentemente relacionadas con préstamos.
Usualmente, la obligación de acudir al arbitraje sobre contratos de préstamo es una imposición del prestamista que es la parte de mayor peso económico en dichos contratos. El deudor difícilmente se puede negar a aceptar esta cláusula de adhesión o no le dan el crédito, ¡pero podría ponerlo en una situación de burro amarrado contra tigre suelto!
Como empresario que participó en un proceso arbitral que duró varios años, aprendí que es importante conocer las consecuencias y tener cuidado al aceptar el arbitraje en vez de los Tribunales de Justicia para resolver diferencias.
Alto costo. El arbitraje requiere un alto costo inicial, al tener que pagarles–por adelantado– a los abogados que serán los jueces y al centro justo en el momento en que posiblemente el deudor está en una posición económica débil.
Estos costos –que pueden llegar a ser cientos de miles de dólares– se comparten; sin embargo, es común que el demandado rehúse pagar su parte, forzando en forma abusiva y leonina a la otra parte a cubrir todos los costos para acceder a la Justicia pues si no los cubre, no hay arbitraje.
Conflicto de intereses. La escogencia de los jueces se limita a una reducida lista de abogados privados de cada centro.
Estos abogados, que en algunos casos pertenecen a bufetes cuyos miembros también son directores del centro, son jueces un día y abogados de intereses privados, a veces ante el mismo centro arbitral, el día siguiente.
Evidentemente, esta mezcla de competencias, roles y funciones no es sana para garantizar un acceso equitativo a la Justicia. Se mezclan el juez, el árbitro, el compañero, el litigante, todos en varios procesos en el mismo centro en casos diferentes, pero con actores que coinciden.
En los Tribunales de Justicia, los jueces ejercen una carrera profesional que se rige por estrictos códigos de conducta y su progreso en su profesión depende de la excelencia de su interpretación de las leyes, lo que garantiza un marco de fiscalización e integridad que asegure la legitimación del sistema y la solución de conflictos de forma transparente.
Indefensión. El proceso arbitral transcurre bajo un manto de confidencialidad que deja indefensos a terceros involucrados que no tienen la oportunidad de conocer oportunamente el proceso para defender sus intereses o coadyuvar a alguna de las partes.
Los árbitros establecen las reglas del proceso en forma oral sin ninguna formalidad, por lo que el debido proceso de la Administración de Justicia se vuelve borroso y puede ser arbitrario.
Proceso lento. No es tan rápido como predican. Los árbitros pueden “solicitar” más tiempo. Una parte puede atrasar al cuestionar, ante la Sala Primera, la competencia del tribunal. Todo el proceso arbitral se puede extender por años mientras la parte débil sufre.
Inapelable. El arbitraje es una decisión final. No permite una segunda instancia de casación como lo establece la igualdad constitucional para otros procesos. La decisión (el laudo) de estos jueces privados es final, cosa juzgada, y el Poder Judicial normalmente se somete a lo ahí decidido.
Si se concluye que el laudo fue erróneo, no valoró correctamente pruebas o testigos, o no fue bien fundamentado o si le preocupa algo peor, no hay ninguna instancia para pedir una revisión del fondo del caso. La ley RAC solo prevé el recurso de nulidad ante la Sala Primera, por temas de forma, pero no por el fondo, que es lo más importante para el empresario.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la Sala Primera es muy renuente a anular o cuestionar los laudos de los árbitros por lo que el recurso de nulidad podría no ser un control de legalidad.
Los servicios de los Tribunales de Justicia de Costa Rica han mejorado mucho. Están resolviendo cada vez más rápido los asuntos ordinarios. Es un sistema más transparente donde los procesos y documentos se pueden revisar en línea. Los jueces son profesionales altamente calificados para decidir litigios. Se respeta el debido proceso y el derecho de apelar.
Por todas estas razones, mi consejo es: ¡cuidado al aceptar el arbitraje!
