EscucharEl objeto de este derecho se origina en la publicación de La Nación del 9 de setiembre pasado, titulada: “Jefa de la Defensa Pública es investigada por promover huelga de empleados judiciales”.
La noticia publicada por este diario contiene información que no se apega a la realidad, pues se refiere a que promoví la huelga en el Poder Judicial, lo cual la resolución del traslado de cargos no lo indica. Lo que señala La Nación es incorrecto. Que quede absolutamente claro ante los costarricenses que no promoví ninguna huelga, pues quienes lo hicieron fueron los frentes gremiales y no fue contra la jerarquía del Poder Judicial.
Esta causa disciplinaria representa un precedente nefasto para Costa Rica, en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical, en tanto se fundamenta en manifestaciones que realicé durante el movimiento huelguístico, como una funcionaria más, entre miles de participantes. Extrañan estas acciones ya que parecen propias de regímenes totalitarios y no de un país como el nuestro, respetuoso de los derechos fundamentales.
He solicitado a la Corte Plena investigue a la Inspección Judicial que abre una causa en contra de mi libertad de expresión y pensamiento, libre asociación, libertad de reunión y libertad sindical, todos derechos consagrados en la Constitución Política y Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Esta investigación atenta contra mis derechos fundamentales resultando abusiva y arbitraria. Cuando los jueces hacen interpretaciones contrarias a la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de asociación y libertad sindical e ignoran el control de convencionalidad, el Estado costarricense se arriesga a ser condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la OIT.
Pero, además, los jueces de la República están obligados a aplicar y garantizar estos derechos que me han sido violados ya que, de lo contrario, sus actuaciones podrían rozar en acciones ilícitas.
En igual sentido, he solicitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, la investigación del Tribunal de la Inspección por los siguientes hechos:
1-. Apertura de una investigación contraria al ejercicio de derechos fundamentales en violación a la Constitución y convenios internacionales que ponen a Costa Rica ante la inminente demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Orgnización Internacional del Trabajo (OIT)
2-. Para que se investigue a la Inspección Judicial por contradecir la orden expresa dada por el presidente de la Corte, de que no se abriría régimen disciplinario a ningún servidor judicial, oficio 0239-P-2017 firmado por el presidente Carlos Chinchilla con fecha 16 de agosto del 2017.
3-. Que se investigue a la Inspección Judicial por incumplir su propia orden girada en la cual indicó, mediante comunicado de prensa, lo siguiente: “Tribunal de la Inspección Judicial. Ante el movimiento de huelga se informa que no se han iniciado causas disciplinarias ni actos de persecución contra los servidores judiciales como mal se ha informado”. Comunicado de prensa publicado en medios de comunicación y que llegó a todos los servidores judiciales el 21 de julio del 2017. Según consta en carta abierta a todos los servidores judiciales y a la prensa nacional, firmada por Siria Carmona Castro, presidenta a.i de la Inspección Judicial.
4-. En igual sentido se solicita se investigue a la Inspección Judicial porque abrió causa y procedió contra el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial que fue remitido mediante circular número 110-2017 del 20 de julio del 2017.
5-. Asimismo se solicita aclare el absurdo argumento de que formo parte del grupo patronal del Poder Judicial; sin embargo, participaron en la huelga muchos otros jefes de oficina y solo a mí me persiguen: ¿Por qué será?
6-. Y, finalmente, la Inspección Judicial deberá responder por qué procedió a abrir la causa disciplinaria de oficio, sin que existiera denuncia o queja, en mi contra y sin que esté firme la declaratoria de la legalidad de la huelga, esto evidencia un afán de perseguirme y que pueden existir intereses de algunas personas con mucho poder en la Corte de perseguirme.
Igualmente, fue reiterativo Carlos Chinchilla Sandí, ante la prensa nacional, al señalar que no se tomarían represalias contra los participantes en el proceso huelguístico.
Nunca fui promotora de tal movimiento huelguístico y los hechos que se me imputan responden al ejercicio de mis legítimos derechos, como lo son la libertad sindical y el derecho a la libertad de expresión, ambos derechos reconocidos y protegidos en forma expresa en los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 25, 26, 28 y 29 de la Constitución Política.
Ahora me persiguen, bajo el vil argumento de que mi actuación afectó la imagen del Poder Judicial. Sin embargo, se equivocan quienes mediante la utilización de la vía disciplinaria y en forma anónima, pretenden acallar mi voz y mancillar mi honra, construida a lo largo de casi treinta y cinco años de limpia trayectoria en el Poder Judicial.
Esta causa disciplinaria, la cual se asienta en afirmar que con mi actuación ocasioné fallas en el ejercicio de mi cargo, afectando con ello la imagen del Poder Judicial, falta a la verdad, pues tan solo es parte del proceso de persecución del que he sido objeto, por parte de aquellos que en forma anónima y cobardemente pretenden que me vaya del Poder Judicial, para colocar a una figura que puedan manejar a placer y antojo, lo que nunca han conseguido conmigo.
Finalmente, me atemoriza lo que esta causa disciplinaria que se ha abierto en mi contra puede significar, y que se pretenda con ella amedrentar a miles de empleados judiciales para que en el futuro no ejerzan el reclamo de su libertad de expresión y libertades sindicales.
Por lo tanto, no escatimaré esfuerzos y utilizaré todos los medios legales disponibles para defender mi honor y honra, pues con esfuerzo, sacrificio y trabajo me los he ganado.
Marta Iris Muñoz Cascante
Directora de la Defensa Pública
