ICE y Recope: Reinventar la Segunda República

En ese campo, nuestra nación era una geografía electrificada con petróleo por la Electric Bond and Share, y, a duras penas, en las principales cabeceras de provincia.

Con la Segunda República, surge el ICE y, años después, Recope. El primero fue el responsable de que las comunicaciones y la energía eléctrica llegaran hasta el último rincón de nuestra geografía y de que en el 2015 el 99% de la energía producida por nuestro sistema eléctrico proviniera de fuentes renovables.

Con respecto a Recope, pese a que en los últimos años su labor se ha limitado a garantizar la distribución e importación de hidrocarburos, recientemente se ha dirigido a establecer, en alianza con el Instituto Baudrit, una planta experimental de biodiésel en el plantel El Alto. Allí desarrolla tecnología de producción con higuerilla y jatropha, entre otras posibilidades.

De hecho, se establecen instalaciones de almacenamiento y dosificación de producto para la puesta en marcha de mezclas de hidrocarburo con etanol y biodiésel. El embrión de lo que debería ser su futuro.

Ahora bien, el desafío de las nuevas tecnologías energéticas obliga a ambas entidades a adecuarse a las nuevas circunstancias mundiales o perecer. La modernización de ambas debe ajustarse al guion que el desarrollo y las necesidades mundiales exigen.

Trasnformación de Recope. Así, ser el motor de un programa energético nacional es el sueño superior y el papel en el que el ICE y Recope deben concentrarse.

En el caso de Recope, el guion mundial impone el paso desde los combustibles fósiles hacia las energías limpias, por lo que su desafío será reinventarse desde una inexistente refinadora y actual distribuidora de hidrocarburos hacia una “empresa costarricense de combustibles” (podríamos distinguirla con las siglas ECOM), que desde ya amplíe su oferta de servicio público a la adquisición de biomasa para producir combustible no derivado de fósiles, es decir, energía renovable y ambientalmente amigable.

Una posible ECOM tendría que nacer para impulsar la revolución agroindustrial de la biomasa e iniciar la ruta hacia la libertad del chantaje petrolero, lo que produciría un ahorro de divisas mucho mayor a los $1.000 millones anuales. Tal ahorro permitiría que los recursos financieros se mantengan circulando en nuestra economía interna, estimulando un efecto multiplicador.

Al mismo tiempo, la responsabilidad del Estado es la inmediata instauración de un modelo de sustitución de importación petrolera, en función del uso tanto de biocombustible como de energía eléctrica en el parque automotor.

Pero para hacer posible dicho modelo de sustitución de importaciones, este debe responder a un programa nacional de energía y a una agenda consecuente. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de los biocombustibles, la nueva ECOM, esencialmente, sería responsable de establecer las metas de un plan nacional agroindustrial de producción de biomasa, con un calendario de producción y compra masiva de esta, sustituyendo así, gradual pero sostenidamente, la importación petrolera por biocombustible y electricidad hasta la casi total extinción de la importación de petróleo en un plazo calendarizado.

Vale advertir que en esta nueva posibilidad no se debe pretender ampliar el monopolio, no solo por la dificultad legal implícita en ello, sino porque significaría un retroceso que limitaría el desarrollo de la actividad.

Si Recope –o más bien la nueva ECOM– logra tomar ese rumbo, justificaría de sobra su costo operativo.

Papel del ICE. Ahora bien, en el caso del ICE, ¿cuál guion impone el mundo a la entidad? Según estadística compartida con Rolando Araya Monge –uno de los costarricenses más acuciosos en el tema– el costo de un kW de potencia de una celda solar anda en una cifra aproximada a los $300.

Las estimaciones proyectan que ese costo de celdas será de $150 en un lapso cercano a los dos años, $75 en cuatro y $18 en aproximadamente ocho. En más de diez años, el costo se acercaría a los $4 dólares. Virtualmente electricidad gratuita, por lo que se puede tener una capacidad instalada de diez o veinte veces la necesaria, y compensar sobradamente las horas sin sol.

Aún más, como bien lo ha señalado el experto en temas de energía Ricardo Solera, la competencia más disruptiva para el ICE –y las empresas distribuidoras– es la llamada “generación distribuida”, donde el consumidor generará su propia electricidad sin necesidad de utilizar redes de transmisión y distribución, modalidad que en Norteamérica y Europa ya ha hecho perder gran parte del valor de las empresas eléctricas centralizadas. Muy similares al ICE, por cierto.

Y no hay por qué dar por sentado que a nuestra institución no le pueda afectar esta tendencia del mercado tecnológico. La respuesta ha consistido en iniciativas que, aunque bien intencionadas, son insípidas; por ejemplo la decisión de convertir al ICE en una empresa de construcción de obra.

El tiempo apremia, y es indispensable responder a la emergencia que impone esta implacable revolución de la tecnología energética.

Adelantarse. En primer término, el ICE debe acelerar su paso en el desarrollo de infraestructura de energía solar. No debe esperar a que sean sus com-petidores transnacionales los que, súbitamente, llenen el espacio que tal tecnología está abriendo en el mundo, y que indefectiblemente nos alcanzará.

Por otra parte, el ICE debe ser consciente de que, gracias a su meritoria labor en el desarrollo de la energía hidroeléctrica y con el costo marginal cercano a cero de la energía eléctrica de fuente solar, podríamos estar a las puertas de una futura abundancia ruinosa de energía hidroeléctrica.

Para sostener nuestra millonaria inversión en infraestructura hidroeléctrica, y evitar que después de tanto esfuerzo las represas se conviertan en piezas de museo, el ICE debe ultraestimular la demanda eléctrica en detrimento de la petrolera.

Para compensar el desequilibrio por la sobreoferta de electricidad, el ICE debe concentrarse desde ya en promover medidas para aumentar la demanda eléctrica futura. ¿Cómo? Presionando seriamente, por ejemplo, en favor de leyes y decretos que causen que una parte importante del parque vehicular del país sea eléctrico.

El autor es abogado constitucionalista.