Un caso paraguayo resuena en la comunidad internacional: una niña está embarazada como resultado de la violencia sexual ejercida por el padrastro. El sistema ha culpado a la madre, la misma que la llevó al médico para determinar que había ocurrido, la que recurrió a la justicia al menos cuatro veces para denunciar los posibles abusos sexuales contra su hija, la que, a pesar de todo, permanece a su lado aún desde la cárcel, y ruega para que su niña tenga acceso a un aborto, procedimiento médico permitido por la normativa nacional paraguaya.
Sin su madre al lado, con derecho a dos horas de visita de sus tías y apoyo de organizaciones de derechos humanos, la menor lucha lo que su debilidad por un embarazo forzado le permite.
Tiene 10 años, pero el ministro de Salud de Paraguay niega la realización de este procedimiento médico. Alega que el aborto en Paraguay se realiza únicamente cuando peligra la vida de la mujer y obviando que este peligro ya había sido advertido por el primer médico que la examinó, el cual, bajo el criterio técnico de la OMS y la OPS, recomendó el aborto.
Responasibilidades. En lugar de brindarle atención desde que el riesgo fue detectado y que fue recomendado el aborto, Paraguay trasladó la responsabilidad estatal por la negligencia y la demora de esa atención médica a la madre, a quien criminalizó, mientras el violador seguía evadiendo la justicia, hasta esta semana en que fue detenido el principal sospechoso.
La consecuencia directa ha sido un riesgo mayor para la niña al dejarla en desamparo, sin el apoyo materno, y ha creado un riesgo para la vida de la madre al enviarla a prisión, ya que las demás presas la culpan a ella de la violación y parecen olvidar, al igual que el Estado, al verdadero culpable de este crimen, supuestamente, el padrastro.
La situación es grave. Madre e hija luchan por sus vidas, aisladas la una de la otra, en una historia en donde la madre, quien habría sido víctima también de abusos por parte de su compañero sentimental, ha terminado como la culpable de la violación, y han obligado a la niña a mantener un embarazo del cual nacerá un hijo que no podrá mantener, que le recordará constantemente los episodios de violencia sexual sufridos y la hará objeto de estigmatización.
El caso de Costa Rica. En Costa Rica, en el 2013, salió a la luz pública el caso de una niña de ocho años embarazada. Ni por asomo era un caso aislado: según datos de la CCSS, cada año, en el país, ocurren cerca de 14.000 nacimientos de adolescentes madres, de los cuales al menos 500 son niñas menores de 15 años.
La protección costarricense es más amplia que la paraguaya, en tanto permite el aborto impune con el consentimiento de la mujer cuando esté en riesgo su vida o su salud (art. 121 Código Penal), pero este simplemente en la práctica no se da. Una de las razones ha sido la falta de una guía o protocolo para el aborto terapéutico, documento que está listo y requiere ser firmado, a lo cual las autoridades de salud, incluida la CCSS, le han dado largas por años.
Esto nos deja un balance anual de 500 niñas, víctimas de violencia sexual, torturadas con embarazos forzados, a las cuales no se les ofrece su derecho, contemplado en nuestra ley, de interrumpir un embarazo. Si toda la evidencia científica apunta al riesgo para la vida y la salud de las niñas, ¿cuántos gobiernos más tendrán que pasar para que en Costa Rica a las mujeres y a las niñas se nos reconozcan derechos contemplados ya en nuestra legislación?
(*) La autora es abogada
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