EscucharEl reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de México debe alimentar el debate acerca de la legalización del comercio de marihuana para uso recreativo en nuestro país.
Debemos analizar los potenciales beneficios que la medida tendría para Costa Rica, así como considerar los posibles peligros, y encontrar mecanismos para contrarrestarlos.
Justicia. Desde el punto de vista de la justicia criminal, es innegable que la prohibición lleva a la cárcel a muchas personas que no deberían estar ahí.
Un estudio realizado en el Centro Penal Buen Pastor por el ICD (2014) encontró que un 57% de la muestra estudiada purga penas por delitos contra la ley de psicotrópicos.
Hablamos de mujeres, en su gran mayoría jefas de hogar, por lo que hay una evidente inequidad que debe ser atendida. El número es de un 30% si consideramos la totalidad de la población carcelaria del país.
Si bien es cierto no todos los casos están relacionados con la marihuana, esta representa una importante porción de los crímenes. Las consecuencias para la sociedad de mantener a tantas personas encarceladas son desproporcionadas en relación con el costo social de su crimen. Veamos.
De acuerdo con Adaptación Social ( La Nación, 30/6/2013) el costo de mantener un privado de libertad es de aproximadamente ¢8,1 millones al año. A ese monto, se le debe sumar el costo de oportunidad familiar por el salario que esas personas obtendrían, de acuerdo con el ICD, ronda los ¢1,2 millones y los ¢2,4 millones anuales.
Es decir, haciendo una simplificada extrapolación hacia la totalidad de la población carcelaria podríamos calcular el gasto entre ¢37 millones y ¢42.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, el ahorro representa más de tres veces el presupuesto total del IAFA.
Otro beneficio para el Estado serían los impuestos recaudados por la venta lícita y regulada de la marihuana.
Un ejemplo de ese potencial es lo sucedido en Colorado. Tras un año de legalizar la venta con fines recreativos, de acuerdo con el Departamento de Ingresos de Colorado, recaudaron más de $117 millones, y superaron, incluso, el monto recolectado por impuestos al alcohol.
Si bien Costa Rica posee una economía muy distinta a la de Colorado, la recaudación tributaria inevitablemente aumentaría.
Estos ingresos, así como los ahorros para el sistema carcelario, pueden ser utilizados para fomentar programas de rehabilitación dirigidos a quienes el abuso de la sustancia les genere perjuicios individuales o familiares. Actualmente, ese monto queda en manos de los narcotraficantes.
Si bien estos números deben ser perfeccionados para encontrar cifras más fiables, proveen una imagen inicial acerca de los potenciales beneficios de la legalización.
Adicionalmente, debemos considerar los costos intangibles de la prohibición en la desintegración familiar y la sobrepoblación carcelaria.
Para atender estos problemas, sin duda la legalización sería una buena política pública.
Salud y papel del Estado. Desde el punto de vista de salud pública, no existe una sola muerte en la historia registrada producto de una sobredosis de marihuana, y la literatura es abrumadora al considerar los peligros del consumo mucho menores a los de otras sustancias lícitas.
Si bien el consumo de marihuana no es inocuo, no se justifica su prohibición por encima de sustancias más dañinas, y debe llevarnos a considerar cuál es el papel que debe cumplir el Estado en nuestra sociedad.
¿Debemos prohibir el consumo de aquellos productos cuyo abuso es perjudicial para la salud (es decir, todos)? En ese disparatado caso deberíamos prohibir el consumo de alcohol, tabaco, cafeína, azúcar y comidas rápidas. ¿O más bien el papel del Estado debe ser de regular, dar incentivos (positivos o negativos) y proveer mayor acceso a la información para que los ciudadanos tomen decisiones individuales de manera consciente y responsable?
El papel del Estado debe recaer en proveer información fidedigna sobre los riesgos del consumo de marihuana, así como regulación de calidad para los negocios que deseen venderla.
Es preferible una economía formal que la actual jungla del narcotráfico, sin garantías fitosanitarias y que usualmente conllevan asociaciones peligrosas e ilícitas.
Por último, así como hemos hecho con el tabaco, altos impuestos al consumo de marihuana pueden promover un efecto sustitución que reduzcan su consumo, así como la fuente de ingresos necesaria para retribuir sus externalidades al resto de la sociedad.
Beneficios médicos. Otro eje importante es el potencial médico de la marihuana. Según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association, el consumo de marihuana puede incrementar la salud de los pulmones y contrarrestar los efectos del tabaco.
Otra investigación relacionada, en la Virginia Commonwealth University, encontró beneficios de la marihuana para los ataques de epilepsia, y el California Pacific Medical Center halló que la marihuana puede servir para contrarrestar el crecimiento de células cancerígenas en el cuerpo.
Otros beneficios serían el debilitamiento del progreso del alzhéimer, el tratamiento del glaucoma, la esclerosis múltiple y la presión arterial. Es decir, al prohibir el consumo de marihuana, estamos perjudicando a quienes sufren de estas enfermedades y podrían encontrar gran soporte en sus beneficios.
Dos opciones. En conclusión, Costa Rica tiene dos alternativas: una es continuar la tendencia actual de mayor consumo, el peligro de la economía informal de drogas, un sistema criminal injusto y un Estado que se inmiscuye en las decisiones individuales. La otra es dejar de profundizar el problema atendiéndolo con políticas fallidas, legalizar, construir un sistema regulatorio que nos blinde de los potenciales perjuicios del consumo, y asumir sus inevitables beneficios.
Debemos aprender de la experiencia de Uruguay y estar atentos a los desarrollos en México para seguir la discusión, pero no debemos retrasar lo inevitable.
En esta materia, Costa Rica puede volver a ser pionera en nuestro vecindario, dejar atrás el error histórico que significó la prohibición y liderar un proceso regional que bastante nos puede beneficiar.
El autor es analista de políticas públicas.
