El constitucionalismo moderno existe para contraponer la tendencia del poder respecto a invadir progresiva y sutilmente las libertades ciudadanas. Si bien es cierto que la Constitución es el enunciado de los ideales comunes que como sociedad abrazamos, ante todo es la garantía que los ciudadanos tenemos para asegurar nuestras libertades frente al poder constituido. Por ello, a partir del filósofo Thomas Hobbes, se le llama “Leviatán” a esa enfermiza vocación omnímoda del poder estatal.
Si esta campaña electoral fuese un termómetro respecto de esa peligrosa tendencia, la conclusión que extraigo es la de que –salvo pocas excepciones– en nuestra clase política existe una perniciosa incultura contra la libertad. Una de tantas ilustraciones de esta realidad son las recientes declaraciones que a este diario ofreció la candidata que encabeza la papeleta al Congreso del Partido Frente Amplio. Cuando la aspirante planteó que promovería reformas para regular la labor de los medios, el periodista Álvaro Murillo le cuestionó acerca de cómo se pondrían en práctica tales regulaciones. Puntualmente, Murillo le preguntó sobre quién diría cuál medio de comunicación falla. Su respuesta fue que, de triunfar el Frente Amplio, se crearían “instancias ciudadanas” para ello.
Iniciativas totalitarias. El problema es que, para desgracia de la historia humana, este tipo de iniciativas en las que un partido oficial controla grupos ciudadanos en apoyo de un gobierno, no son una idea original. Nacieron concebidas por los totalitarismos en la Europa de principios del siglo XX. Son un mecanismo mediante el cual los ciudadanos adeptos al partido del gobierno controlan la libertad de expresión y el comportamiento político de los ciudadanos independientes.
La historia reciente de América latina también ha conocido ya este mecanismo de control ciudadano. Por ejemplo, en la Cuba socialista, tales instancias ciudadanas se denominan “ comités de defensa revolucionaria” . Al igual que la idea planteada por la candidata, los comités ciudadanos fueron creados por el partido en el poder para desempeñar tareas de control ciudadano.
Los comités ciudadanos resultan ser un mecanismo que, aunque perverso, es eficiente para controlar el poder político. En los regímenes que lo han implementado, la estructura de tales organizaciones ciudadanas es centralizada y opera en forma piramidal, según los grados de división territorial administrativa.
Por ejemplo, si se tratase de Costa Rica, de acuerdo con nuestra división territorial, las “iniciativas ciudadanas” deberían funcionar a partir de nuestros caseríos y, desde allí, con una organización de mando por distritos, cantones y provincias, hasta culminar con una jerarquía a nivel nacional. Esta estrategia también se usó con similar eficacia a partir de 1980 durante el régimen sandinista, que en ese año creó los denominados “comités de defensa sandinista”. Eran un mecanismo de vigilancia de la vida de los ciudadanos nicaragüenses que disentían del régimen dirigido entonces por Daniel Ortega.
En el pasado reciente, ese antecedente de control de la prensa a partir de “grupos ciudadanos” ha tenido trágicas consecuencias. Es de público conocimiento que, tras los múltiples ataques físicos a la prensa venezolana independiente, ha estado la mano enardecida de hordas civiles organizadas por el partido del gobierno. Como ilustración de lo que afirmo, se documentó que los ataques con granadas del año 2009 contra TV Globovisión fueron dirigidos por grupos organizados del partido oficial. De hecho, se descubrió que el ataque de ese año había sido ejecutado por reconocidos partidarios, entre ellos Lina Ron, dirigente de la Unidad Popular Venezolana (UPV).
En ese país, una modalidad de tales grupos organizados de la población son, por una parte, los denominados “colectivos” y, por otra, las “milicias bolivarianas”. Aunque se denominan así, no están incorporados al Ejército de Venezuela, sino que son mantenidos estratégicamente como grupos ciudadanos. Sin embargo, son acólitos del partido del régimen socialista venezolano y se les provee de armas por el mismo Gobierno. En el caso de los colectivos, usualmente la actuación también ha sido violenta, como sucedió cuando uno de esos “colectivos ciudadanos” intentó incendiar el autobús en que se desplazaba Henrique Capriles.
Siendo conocedor de tales razones históricas, y ante la amenaza velada contra la libertad que se desprende de las intenciones de la candidata del Frente Amplio, como abogado constitucionalista no puedo acallar la única arma con la que cuento: mi pluma.
Otros agravios. Aún más: de las declaraciones de la candidata se desprenden otros agravios a nuestros ideales constitucionales. La segunda de tales embestidas es su afirmación sobre la necesidad de implementar lo que eufemísticamente llamó “interrupción del embarazo”, que, como sabemos, es la manera disimulada de referirse a la reconocida violación del derecho constitucional a la vida de nuestros menores. La tercera arremetida es la abierta transgresión del principio constitucional de seguridad jurídica, tal como se desprende de las intenciones anunciadas en relación con la inversión y la iniciativa privada ya afincada en Costa Rica. En resumen, lo que parece promoverse es, ciertamente, un frente amplio, un muy amplio frente contra los valores de la constitucionalidad costarricense.
Sin embargo, como indiqué al inicio, siento que la incultura contra la libertad no es un mal que se detecte exclusivamente en partidos contaminados de ideología. Reconozcamos que la tendencia se ha generalizado en una parte importante de nuestra clase política. Se ha instaurado un discurso homogéneo, que es peligroso. Una mala filosofía política en el debate nacional. Si tuviésemos que condensarla en una expresión crítica –lo cual se deduce del discurso general con el que se maleduca al ciudadano–, nuestra prosperidad debe depender de un Estado clientelar voraz que, a costa del ciudadano que está fuera de él, reclame cada día más poder, recursos y prerrogativas. Un cruel espejismo que nos está llevando hacia lo más profundo del desierto. Y el contrapeso de tan mala idea es muy débil, pues, pese a que somos el país de la región donde crecen con mayor fuerza los tentáculos del poder estatal, percibo muy pocas voces disidentes a favor de la libertad.