¿Llegó por fin el momento?

En el gobierno anterior, convocada por la presidenta Laura Chinchilla, una Comisión de Notables debatió y estructuró un conjunto de proposiciones para reformar nuestro Estado. En ese grupo, había representantes de diversas corrientes de pensamiento e ideologías. Ottón Solís ha hecho en estos meses dos planteamientos en sentido similar: “CERRAR” para reformar el aparato estatal y varios programas sociales, en el que sugiere también cerrar algunos de ellos. Más recientemente, propuso la idea de formar un “gobierno de unidad nacional”, idea ya expresada por otros líderes también.

En un enjundioso e idealista artículo reciente, mi amigo Kevin Casas arguyó por hacer a un lado “las pequeñas diferencias” que separan a partidos y líderes y buscar algo similar a lo que propone Ottón, en cuanto a un gobierno “de unidad nacional”; el artículo lo motivó en su grata sorpresa al escuchar al presidente de la República en una conferencia en Washington y constatar que sus ideas no son tan distintas a las propias de Kevin.

Ese mismo día y en la misma página de este periódico, se publicó un artículo del secretario general del PLN, el Dr. Fernando Zamora, en el que arguye por qué la propuesta de Ottón no es la adecuada.

Mientras, el PLN está celebrando un congreso nacional, que culminará en octubre, que con la participación de muchos dirigentes y activistas de las bases está desarrollando ese partido en el sentido indicado al inicio. Ese trabajo se estructura alrededor de cuatro ejes fundamentales.

Denominador común. Seguramente hay otras ideas, iniciativas, propuestas, que apuntan en dirección similar: la convicción de que nuestro Estado, y especialmente su “aparato”, ya no responde a las actuales realidades y hay que transformarlo a fondo. Efectivamente, hay importantes áreas de coincidencia entre los diversos planteamientos, aunque no son homogéneos.

El común denominador es la preocupación por acondicionar un Estado que responda a los desafíos y problemas de hoy en nuestro país. Esto abre oportunidades para tratar de avanzar.

Como “a las oportunidades las pintan calvas”, hay que aprovecharlas al máximo. Por eso, me inclino por el planteamiento que le escuché en una ocasión al Dr. Jaime Ordóñez en un foro de la UCR: hay que hacer reformas que generan reformas.

Según entiendo, la propuesta de Jaime (y no sé si es de todo un grupo), se centra en reformar algunas leyes (no la Constitución en un inicio), que permitirían destrabar los esfuerzos por hacer cambios en las materias más importantes de nuestra gobernanza y de algunos temas sociales y económicos.

Yo voy más allá. Por ahora los esfuerzos deben centrarse, y ya, en reformar algunos pocos artículos del reglamento de la Asamblea Legislativa, que tiene carácter de ley especial en sus procedimientos. ¿Por qué?

El otro denominador común de todas las otras propuestas es su difícil puesta en marcha: convocar una Constituyente y ponerla a operar, acordar un “gobierno de unidad nacional” (que es lo menos específico de lo que está sobre la mesa, aunque “suena” muy bien) o implementar las proposiciones de “los notables”, ha mostrado ser un objetivo elusivo hasta ahora. Y, en este punto, cada uno de esos planteamientos ha recibido apoyos y objeciones que no detallaré ahora.

Reformas difíciles. También la reforma de algunos artículos del reglamento de la Asamblea, que es lo que haría factible generar luego otras reformas esenciales, ha resultado muy difícil, aunque se han hecho ajustes importantes.

Pero la diferencia esencial en este caso es que lo que se busca cambiar son las reglas y no, de partida, la sustancia. Esto abre el juego para cumplir con algo esencial en una democracia: que los proyectos de ley debidamente tramitados tengan un plazo predeterminado, previsible y razonable, para ser dictaminados y votados.

Este plazo no puede ser tal que deje a la oposición política sin posibilidades razonables de combatir argumentalmente los proyectos. Esto es parte esencial e irrenunciable de la democracia. Pero lo es también que el Parlamento, en nombre del soberano, se pronuncie mediante votación, afirmativa o negativa.

Esta sería una reforma “que permitiría otras reformas”. No se limita a un área o sector, para resolver un problema. Se refiere a activar un mecanismo democrático, inherente al sistema político, que abre las compuertas para buscar consensos suficientes en todos los campos y con diversos enfoques.

Empezar por una reforma tan específica y de este calado, no solo tiene la ventaja de ser algo claro, concreto, sobre materia fundamental, sino que nos daría una clara idea de si existe “ambiente” y voluntad real para una Constituyente o un “gobierno de unidad nacional”, ideas cuya aceptación no es difícil, pero que son más complejas o difíciles de concretar y operacionalizar “a la hora de la hora” y, sobre todo, más abstractas o generales.

Herramientas legales. De lo que se trataría ahora, antes del próximo proceso electoral y sin que ningún partido político tenga certeza de su triunfo, es de modernizar nuestro Parlamento y dar a los diputados las herramientas legales para decidir sobre lo esencial. Pienso que la reforma no debe tratar todos los proyectos por igual: no se trata de multiplicar el número de leyes, sino de resolver, en tiempo y forma, sobre aquellas que cuenten con un consenso político razonable, para que el gobernante que elijamos pueda poner en marcha su programa y para que los legisladores contribuyan con sus iniciativas y sus decisiones.

Ya existen borradores sobre esta propuesta. Los diputados actuales deberían desempolvarlos y trabajar en ellos para reducirlos a lo esencial. Los ciudadanos lo agradecerán.

Para crear el ambiente propicio, la presidencia del Congreso debería invitar a un foro amplio para dar a conocer y explicar los textos fundamentales que se necesitan y generar una corriente de opinión pública fuerte en favor de esta reforma para que se logre concretar muy pronto.

Necesitamos con urgencia hacer reformas que generen reformas, en democracia.

El autor es economista.